EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México.- En su primera semana de sesiones de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México retiró de la lista de asuntos del Pleno el proyecto que analizaría este martes la constitucionalidad de la reforma que busca reducir de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el estado de Aguascalientes. Sin dar una nueva fecha pública para su discusión, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir México consideraron que esta “postergación” por parte del máximo órgano de justicia del país “mantiene la incertidumbre jurídica y médica” para las mujeres de Aguascalientes que “no pueden decidir libremente” desde la aprobación de esta reforma por el Congreso de ese estado el pasado 28 de agosto de 2024. “Estábamos muy esperanzadas para que hoy iniciara ese proceso de discusión, lamentablemente no fue así (...) La Suprema Corte no está respondiendo a una demanda que además ya está discutida y lista para que este derecho se garantice”, señaló a EFE la directora de la organización, Aidé García Hernández. La acción de inconstitucionalidad fue promovida en 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra partes del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal relacionada con la protección de la vida desde la concepción. A García le parece “delicado” este retraso en la resolución porque "en teoría" los nueve ministros y ministras, elegidos por voto popular el pasado 1 de junio, son de “corte progresista”. “La SCJN tiene que dar señales diferentes y tiene que dar una señal de ser una Corte progresista, que defiende los derechos humanos y que es congruente con todo el discurso y la narrativa que ha construido”, destacó. Además, recordó que fue este mismo Tribunal el que declaró en 2023 la despenalización del aborto en todo el país, así como la obligatoriedad a todos los Congresos estatales de modificar sus leyes para permitir la IVE hasta la semana 12. La “presión” de la Iglesia Aunque se desconoce el motivo por el que la Corte retiró de su lista de asuntos la acción de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024 para discutir este 6 de enero, se presume que haya presiones por parte de la Iglesia católica o de figuras políticas del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en contra de revertir la decisión del Congreso de Aguascalientes de reducir el plazo para la IVE. Y es que al publicarse la discusión de este proyecto a cargo del ministro Irving Espinosa, la arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana al analizar “un proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad” para “eliminar el tipo penal del aborto hasta los nueve meses”. A lo que Espinosa respondió que el proyecto no pretende permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, sino impedir que los legisladores locales reduzcan el plazo que fija la ley para abortar, como ocurrió en Aguascalientes. Para García, esta entidad gobernada por el PAN desde hace décadas, es de las más “conservadoras” del país y en las que, sostiene, la Iglesia católica ha “presionado y tenido una injerencia” en temas de “justicia y derechos humanos” pese a que estas acciones violan la laicidad del Estado mexicano. En ese sentido, recalcó que con este proyecto la nueva Corte tiene la oportunidad de mostrarse como “progresista” y resolver la inconstitucionalidad sobre la reducción de las semanas aprobadas por el Congreso de Aguascalientes para la IVE. La directiva de la asociación defendió que no existe argumento “ético, bioético, médico o científico” para que el aborto no se realice en las 12 semanas, incluso, dijo, “tenemos referentes” en otros países de la región donde el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas de gestación, como es el caso de Colombia. Hasta ahora, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (con la excepción de Aguascalientes, 6, y Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que hace dos años determinó inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo.
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