El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Durante el año pasado en México fueron asesinados 24 activistas y defensores de derechos humanos, de los cuales 70 por ciento se dedicaba a la protección del medio ambiente, informó este día la organización Front Line Defenders. A través de su Análisis Global 2019, la organización internacional indicó que la construcción de megaproyectos fue un factor determinante para el asesinato de estos ambientalistas. "La promesa del presidente López Obrador de luchar contra la pobreza implica invertir en proyectos extractivos, mientras que las defensoras y defensores que se oponen a ellos se enfrentan a enormes riesgos debido a los poderosos intereses corporativos y a las posibles ganancias en juego", se lee en el informe. La Organización No Gubernamental (ONG) destacó el caso de Samir Flores, asesinado en Morelos luego de oponerse a la construcción de una planta termoeléctrica y una tubería por los problemas que causaría al utilizar y contaminar los suministros de agua. "El asesinato ocurrió tres días antes de que se llevara a cabo un referéndum propuesto por el presidente sobre si la central energética debería seguir adelante. López obrador se había opuesto a la central antes de asumir el cargo", expresó Front Line Defenders. El estudio también informó que por el asesinato de activistas sólo se abrieron 11 carpetas de investigación y éstas siguen abiertas, por lo que la impunidad, al igual que en toda la región latinoamericana, sigue siendo la norma en nuestro país. De igual forma se sabe que en estos homicidios, en el 60 por ciento de los casos se utilizaron armas de fuego. A los asesinatos de activistas también debe sumarse la criminalización que sufren las personas indígenas o quienes protegen sus comunidades de los megaproyectos. "Las y los defensores ambientales, protectores de territorios indígenas, son el grupo que se enfrenta a una mayor criminalización y al mismo tiempo son los grupos que tienen menos recursos y posibilidades de acceder a la justicia", señaló Sandra Patargo, coordinadora de Protección Personal de la Región de Front Line Defenders. La especialista también recordó casos en los que ambientalistas han ido a prisión luego de defender su comunidad. Se refirió así a Pablo López Alavez, encarcelado en Oaxaca por proteger el agua de su comunidad; Miguel López Vega, quien fue detenido y liberado este año por oponerse a una red industrial de agua, y seis defensores de Tlanixco, Estado de México, que estuvieron presos por más de 10 años, aunque hubo inconsistencias en sus procesos penales y no se encontraron elementos para comprobarles el homicidio por el cual se les acusó. A la presentación de este informe también acudió Jesús Peña, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien instó a las autoridades mexicanas a proteger a los activistas y defensores de derechos humanos, debido a que su rol en la democracia del país es fundamental. "Debido a ese rol fundamental y por los poderosos intereses que afectan con su trabajo se han convertido en blanco de amenazas, agresiones o represalias, es por ello que es fundamental que cuenten con el respaldo del Estado", indicó Jesús Peña.
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