EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Familiares de Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y está en prisión preventiva desde hace más de dos años acusada de corrupción, anunciaron este lunes el inicio de una resistencia civil para pedir su inmediata puesta en libertad. Dijeron que lo que buscan con estas movilizaciones es la puesta en libertad inmediata de la exministra al afirmar que se trata de un caso político y no legal. "No es solo por Rosario, tiene que ver con las miles de mujeres y hombres que no solo se encuentran de manera injusta en los centros penitenciarios, sino que se les fabrican pruebas", denunció Mariana Moguel. Y afirmó que recurrirán a todo lo que sea necesario, "tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho, como tiene por derecho, llevar su proceso en libertad". Asimismo, dijo que su madre es víctima de una injusticia y una venganza política, y aseguró que el movimiento civil lleva más de un año, en donde la familia de Robles ha denunciado las violaciones sistemáticas de las que la detenida ha sido víctima. Agregó que, a diferencia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya que se encuentra preso después de que la Fiscalía mexicana rompiera el acuerdo por el que el ex alto cargo incriminó al expresidente Peña Nieto y a medio centenar de políticos, su madre no señalará a nadie para probar su inocencia. "A mí no me importa el caso de otras personas como el de (Emilio) Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios", aseguró. Robles fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) y está acusada de permitir el desvío público de más de 5.000 millones de pesos (242,58 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra. En octubre pasado un juez rechazó sacarla del penal de mujeres de Santa Martha, en Ciudad de México, donde lleva encarcelada desde agosto de 2019 a la espera de juicio por riesgo de fuga. En diversas entrevistas, la exministra ha dicho que se considera una perseguida del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha denunciado que contra ella "se ha descargado todo el poder de un Estado".
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