Redacción / La Voz de Michoacán Guerrero. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó una diligencia ministerial en la Barranca de la Carnicería, ubicada en Cocula, Guerrero, en la que se hallaron 200 restos humanos que podrían ser de los 43 normalistas desaparecidos. Durante la diligencia ministerial, a unos 800 metros lineales del basurero de Cocula, donde según la “verdad histórica” fueron incinerados los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el funcionario federal aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes. Son –continuó– solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. En coordinación con el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, esta mañana se llevó a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar. Por lo que el también presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, recalcó que éste es solamente uno de los resultados que se han obtenido, y se seguirán dando a conocer en la medida que se tengan derivaciones verificables y concretas. Hay muchas líneas de investigación, hay muchos testigos que están participando, hay victimarios participando en las declaraciones; lo mismo personas privadas de la libertad, personas en libertad o personas a las que un juez les dio la libertad y vamos a seguir trabajado con todas las personas que quieran colaborar”.Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Al término del recorrido, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues –señaló– la investigación que se ha integrado demuestra que operaron en distintos sitios. Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada verdad histórica. RECHAZAN VERDAD HISTÓRICA La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reiteró su rechazo a la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, conocida como la “verdad histórica”. “Este organismo nacional rechaza la pretensión de revivir en medios de comunicación la denominada ‘verdad histórica’, a partir de algunos testimonios de personas que en su momento fueron privadas de la libertad, pero que además ya fueron refutados científicamente”, expresó la CNDH en un comunicado cuando faltan pocos días para que se cumplan siete años del suceso. Días atrás, se filtró en medios de comunicación una entrevista de la CNDH realizada en 2018 a Jonathan Osorio, alias “el Pajarraco” y presunto implicado en el caso, quien habría asegurado que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula (Guerrero), tal y como concluyó el Gobierno de Peña Nieto pero rechazan familiares y expertos. La CNDH condenó “categóricamente el interés de encubrir ineficiencias y omisiones del pasado y querer cancelar de antemano las nuevas investigaciones” iniciadas en 2018 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que sostener la versión del basurero supone reconstruir “un escenario contrario a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los 43 normalistas y toda la sociedad”. El organismo expresó su compromiso “con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y de trabajar de manera amplia y colaborativa con las víctimas”. Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero. Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
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