EFE / La Voz de Michoacán Las 33 fiscalías mexicanas, 32 estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), abrieron 2,06 millones de carpetas de investigación para esclarecer posibles delitos durante 2025, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al publicar el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, el Inegi precisó que se abrieron 2.064,775 carpetas de investigación, es decir, un 3,5 % menos que en 2024. En México abrir una carpeta de investigación significa que el Ministerio Público (la Fiscalía) inicia un expediente oficial para registrar e indagar sobre un hecho con apariencia de delito tras una denuncia. En el documento, el Inegi precisó de esa cifra total 2.033,714 fueron en materia penal para personas adultas y 31.061 en materia de justicia para personas adolescentes. Además, el 4,1 % correspondieron a la FGR y el 95,9 % a las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales (FGE). El Inegi apuntó que durante 2025 se registraron 2.102,812 delitos en las carpetas de investigación abiertas, cifra inferior en un 4,5 % a la reportada en 2024. Mientras que del total de expedientes iniciados, 84.144 corresponden a la FGR, y 1.980.631 restantes fueron abiertos por las fiscalías estatales. Entre las carpetas de investigación abiertas en 2025 por cada este investigador, destacan cuatro fiscalías: Estado de México (350.224), Ciudad de México (210.384), Guanajuato (161.902) y Jalisco (11.417), con el mayor número de casos. A pesar de la baja en la cifra de carpetas de investigación abiertas, destaca el rezago en las carpetas pendientes de concluir, ya que al cierre del año pasado se tenía un registro 2.916.624 procedimientos. En este sentido, el estado de Guanajuato lidera con 416.617; le sigue Ciudad de México con 347.530 y Jalisco con 347.525 carpetas el año pasado. El Inegi explicó que estos procesos estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las citadas fiscalías en cuanto a estructura organizacional y recursos, procuración de justicia, justicia para personas adolescentes, mecanismos alternativos de solución de controversias y servicios periciales o servicio médico forense. Y añadió que su finalidad es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.
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