Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Desde inconformidades salariales hasta acusaciones de corrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es escenario de tensiones y señalamientos, las denuncias y quejas contra el ex ministro Artuo Zaldívar y otros funcionarios más. Según datos recopilados por el medio nacional El Universal, se revela que en el año 2021 se registró una queja dirigida contra los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN por discrepancias relacionadas con el tope salarial. Este incidente es solo uno de los muchos marcaron los últimos seis años, durante los cuales la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) recibió al menos 72 denuncias dirigidas a ministros de la SCJN, la mayoría de las cuales fueron desestimadas. La implementación de la reforma constitucional en 2015, orientada al combate a la corrupción, dio lugar a la creación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) por parte del alto tribunal, cuyo objetivo era prevenir,combatir la corrupción y las faltas administrativas dentro de su personal, garantizando así el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones. El ex presidente del pleno de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, anteriormente habría sido objeto varias denuncias desde su ascenso al cargo. En 2020, dos denuncias por presuntos actos de corrupción fueron presentadas en su contra, aunque no se proporcionaron detalles específicos, lo que llevó a que la materia de las denuncias quedara sin sustento. Un año más tarde, se registró una nueva queja contra los 11 ministros de la SCJN, esta vez relacionada con "manifiesta inconformidad contra el tope salarial". Entre los casos más destacados se encuentra el presunto plagio de la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como las acusaciones de corrupción y violaciones de género. Otros ministros también fueron objeto del escrutinio público, entre ellos Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer y actual presidenta de la Corte, acumula un total de 18 denuncias y quejas desde que asumió el cargo. Las acusaciones van desde supuestos actos de corrupción hasta violaciones a la Constitución. Sin embargo, el Comité de Transparencia de la Corte catalogó la información relacionada con requerimientos de denuncias como confidencial, lo que genera dudas sobre la rendición de cuentas en el proceso.
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