Soldados involucrados con caso Ayotzinapa podrían salir de la cárcel, afirman abogados

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La defensa legal de 8 militares señalados por el probable delito de desaparición forzada en agravio de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, confirmaron que el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito deberá emitir una nueva resolución de medidas cautelares y posiblemente obtengan su libertad.

Los abogados César González y Alejandro Robledo recordaron que la juez de la causa, en fecha 22 de junio de este año, con base a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso prisión preventiva oficiosa.

Calificando de impertinentes los argumentos de la Fiscalía General de la República, por no haber justificado la necesidad de la imposición de prisión preventiva justificada en contra del subteniente Omar Torres Marquillo y los sargentos segundos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria y Juan Andrés Flores Lagunas.

Así como al sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz y los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.

Los litigantes señalan que, en contra de esta medida cautelar, se solicitó el amparo de la justicia federal, dando inicio al Juicio de Amparo 690/2023, radicado en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, concediendo la suspensión definitiva en contra de la medida.

Por lo que el juez de la causa, en nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, abrió un nuevo debate entre las partes y determinó la imposición de prisión preventiva justificada.

Los abogados inconformes con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en fecha 13 de septiembre de 2023, interpusieron el Recurso de Revisión Incidental, radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, bajo el número de expediente 238/2023, que en fecha 30 de noviembre de 2023 y resolvió de forma unánime, que se debería dictar una nueva resolución en la que la Juez de la Causa en el Estado de México, no habrá debate.

Y resuelva sobre las medidas cautelares de los ocho uniformados tomando en consideración únicamente el debate que se efectuó el 22 de junio de ese año.