Redacción / La Voz de Michoacán El 31 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO). La medida, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, causó un intenso debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema de justicia en el país. La modificación establece que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva únicamente cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, proteger a la víctima, testigos o comunidad, y asegurar el desarrollo de la investigación. Sin embargo, el juez estará obligado a dictar prisión preventiva de manera automática en casos relacionados con una lista ampliada de delitos graves. Delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa Entre los delitos que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa se incluyen: Abuso o violencia sexual contra menores. Delincuencia organizada. Extorsión. Producción, transportación y almacenamiento de precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas. Homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro. Trata de personas y robo de casa habitación. Uso indebido de programas sociales con fines electorales. Corrupción en casos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Robo al transporte de carga. Delitos relacionados con hidrocarburos, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y desaparición forzada. Además, se incluyen delitos graves contra la seguridad nacional, la salud pública, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos. Reforma "contraviene" los derechos humanos: ONUDH La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONUDH) aseguró que la publicación de la reforma que aumenta el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa “contraviene” las garantías fundamentales. “Reafirmamos que esta figura contraviene derechos humanos. La PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria", planteó a través de su cuenta en la red social X. El organismo de Naciones Unidas agregó que la prisión automática atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal y a la independencia judicial. La oficina en México recordó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, comentó que dicha problemática no solo está en México, sino en otros países también. "Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento", puntualizó. Implicaciones y plazos para armonización legislativa El decreto establece que las legislaturas locales y el Congreso de la Unión deberán realizar ajustes normativos para armonizar las leyes con la reforma constitucional. El Congreso tiene un plazo de 180 días para adaptar el marco jurídico, mientras que las legislaturas estatales cuentan con un año para realizar las adecuaciones correspondientes. Asimismo, el decreto prohíbe cualquier interpretación extensiva o análoga que pretenda modificar, inaplicar o suspender los términos de la reforma, enfatizando la literalidad de las disposiciones legales. ¿Qué implica la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de controversia en México, pues obliga al encarcelamiento automático de personas acusadas de ciertos delitos, sin un análisis individualizado del caso. Mientras algunos sectores defienden la medida como un mecanismo para combatir la impunidad, otros argumentan que perpetúa un sistema punitivo que afecta desproporcionadamente a personas en situación de vulnerabilidad.
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