El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. Amnistía Internacional México afirmó que la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, hecha el jueves por el Presidente, representa un retroceso para los derechos humanos en México, debido a que diversos organismos nacionales e internacionales han advertido de las consecuencias que podría haber porque las Fuerzas Armadas estén en las calles. Tania Reneaum, directora ejecutiva de la organización en México, lamentó que el Ejecutivo federal haya promulgado la ley sin haber escuchado las diversas voces que sobre el tema se manifestaron, lo que ocasiona que no se dé espacio al debate sobre esta legislación. Es lamentable que Enrique Peña haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía. Se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, dijo. Tania Reneaum aseguró que Peña Nieto ha perdido la oportunidad de “mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos emitiendo una ley que los pone en grave peligro”. El pasado 19 de diciembre, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Estados Unidos, América Latina y Europa, anunció la creación del Observatorio Internacional sobre México, que tiene la función de monitorear y documentar “el deterioro de la situación de los derechos humanos” en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso que, afirmaron, “implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes”. Los otros fundadores del observatorio son la Oficina de Washington para América Latina, la Organización Mundial contra la Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, así como la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, Open Society Justice Initiative, así como Peace Brigades International y Robert F. Kennedy Human Rights, de EU. En tanto, el PRI en el Senado informó que acatará el fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una eventual acción de inconstitucionalidad, o respecto de varias, como se ha señalado que lleguen a presentarse contra esta ley. Por su parte, la izquierda deploró que el Ejecutivo federal no haya vetado la ley y, por el contrario, la promulgó y transfiera a la Corte la responsabilidad de calificar la constitucionalidad de un ordenamiento “que viene de Los Pinos”. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI), dijo que su partido reconoce el derecho para presentar las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad.
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