El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Una vez que Gilda Margarita Austin y Solís, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegue a territorio mexicano, debe comparecer ante un juez de amparo antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) intente detenerla. El juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundado un incidente con el que la FGR pretendía dejar sin protección a la mamá del exfuncionario contra la orden de aprehensión emitida por un juez de control en el Reclusorio Norte en el caso Odebrecht. La medida que protege a Austin y Solís de ser detenida hasta que esté en posibilidad de regresar a territorio nacional es una suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito. La resolución interlocutoria de 31 julio del año en curso, continúa surtiendo sus efectos legales y con los requisitos de efectividad establecidos en la misma", resolvió al declarar infundada la petición de la FGR para dejar sin efectos la suspensión. La mamá de Lozoya fue detenida el 24 de julio de este año por agentes de la Policía de Alemania adscritos a Interpol, cuando se encontraba de vacaciones en la isla de Juist en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por un juez de control del Reclusorio Norte por "lavado" de dinero y asociación delictuosa. La FGR indicó que solicitará su extradición por lo que la suspensión definitiva concedida por el juez de Distrito implica que una vez que llegue a México deberá ser puesta a disposición del juzgado de amparo sin que la FGR pueda detenerla. La FGR señala a la mamá de Emilio Lozoya porque el 22 de noviembre de 2012, recibió de la empresa Tochos Holdings Limited, ligada a su familia, 185 mil dólares en una cuenta de BBVA Bancomer de la que el único beneficiario es el exdirector de Pemex. Este dinero, según la FGR, fue utilizado por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero, en un millón 900 mil dólares. La FGR presume que ese dinero forma parte de los 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht supuestamente entregó a Emilio Lozoya como "pago" a cambio de contratos con Pemex.
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