El Consejo Popular de Tixtla acordó que impedirán las elecciones extraordinarias, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) tiene programadas para el próximo 29 de noviembre. Pedro Santos Bartolo, síndico procurador del gobierno interino que nombró el Congreso local, tras la anulación de los comicios del 7 de junio, luego de organizaciones sociales y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa boicotearán esa elección, señaló que la decisión popular fue un gobierno alterno y el Consejo acordó que respetaría esa decisión en una asamblea. El también comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la comunidad de El Troncón, recordó que el 7 de junio las organizaciones sociales, estudiantes y padres de los desaparecidos evitaron la instalación de 30 de las 54 casillas electorales que se debían instalar, como exigencia de la presentación con vida de sus hijos, y su Consejo se formó a raíz de esa decisión. “La asamblea decidió el boicot de las elecciones del 29 de noviembre y que se proponga al Congreso local, que el Consejo Popular sea reconocido en los próximos tres años”, explicó Santos. Raúl Vega Astudillo, es presidente de esa agrupación interina, que de acuerdo a lo que avaló el Congreso, funcionaría hasta que las nuevas autoridades quedarán electas en urnas, es ubicado con el PRI y es primo del gobernador electo, Héctor Astudillo Flores; sin embargo, el Consejo sostiene que la decisión del pueblo de Tixtla obedece al hartazgo de los partidos políticos. En la asamblea, en la que participaron familiares de los 43 desaparecidos y normalistas de Ayotzinapa, se abordó el tema de la inseguridad de Tixtla, el cual fue calificado como delicado, en ese municipio hay 40 mil habitantes cuidados por 28 policías, porque 42 fueron despedidos porque reprobaron el examen de Control y Confianza hecho por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
La Voz de Michoacán
