Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Sala Especializada del Tribunal Electoral confirmó que Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, incurrió en delitos electorales por hablar de manera negativa sobre la revocación de mandato, esto en entrevistas, ruedas de prensa y en comunicados institucionales, pasando por alto la prohibición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que políticos se involucraran en este ejercicio ciudadano y buscando desincentivar la participación ciudadana. Esta es la primera sentencia formal en contra de un partido político de oposición y su dirigente, pues la Corte dejó claro que ningún partido y sus líderes podían intervenir en este proceso, así fuera de manera positiva o negativa, a favor o en contra de la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Morena es el más sancionado por intervenciones de sus militantes y liderazgos, fue ese partido el que acusó al PAN y a su presidente de violentar las restricciones legales, en lo que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón. Morena denunció la difusión de varias declaraciones de Marko Cortés en entrevistas, ruedas de prensa y un comunicado, los cuales constituirían promoción negativa del proceso de revocación de mandato, con lo que el panista buscó desincentivar la participación ciudadana, además de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos. Los magistrados coincidieron en la “vulneración a las reglas de difusión y promoción de la revocación de mandato respecto de las expresiones del 4 y 20 de febrero, y la emisión de un comunicado de prensa ya que del análisis se advirtió que constituyen un posicionamiento partidista a no participar en el proceso de revocación de mandato y que fueron efectuadas por Marko Cortés en su calidad de dirigente partidista”. Confirmaron que los tiempos demuestran que Marko Cortés opinó negativamente sobre la revocación de mandato cuando la Corte ya había resuelto que los partidos políticos tenían prohibido opinar. Por lo que aprobaron una multa económica para el partido y otra para Marko Cortés, y dieron vista al Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que las aplique. En cuanto a la propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos determinaron que estos ilícitos son inexistentes, porque en las declaraciones de Cortés no mencionó obras de algún gobierno ni se comprobó que hubiera empleado recursos del erario para sus posicionamientos negativos.
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