Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, dijo que sin una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), la intención de juzgar a expresidentes por presuntos actos de corrupción es sólo un acto mediático del gobierno federal. “Hasta ahora, lo que nosotros hemos visto es un tema mediático y político, lo que a nosotros nos gustaría ver es de qué se acusa y cuáles son las pruebas y eso debe ser presentado ante la FGR y debe ser investigado por la FGR para saber si tiene o no méritos de prueba”, dijo Bravo en conferencia de prensa. El diputado comentó que la justicia no se puede someter a una consulta popular y consideró que está relacionada con “la pretensión de manejar, desde el punto de vista político, la justicia”, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en realizar una para tomar la decisión. "La Constitución es muy clara y la aplicación de la justicia no puede estar sometida a un acto de consulta popular; si alguien tiene elementos contra una persona, quien quiera que ésta sea, elementos constitutivos de delito, lo tiene que denunciar ante la autoridad competente y es la autoridad competente la que debe calificar las pruebas y los señalamientos para poder arrancar una acción jurídica. “Todo lo que fuera de ese proceso legal se haga, no es más que un tema de declaraciones y un tema de carácter mediático; nosotros creemos que si el presidente de la República, que si el Poder Ejecutivo, cualquier secretaría, tienen un señalamiento o acusación, deben presentar la denuncia y deben presentar las pruebas que tienen para respaldarla, a fin de que se proceda conforme lo establece la Constitución”, dijo. El diputado recordó que la Constitución prohíbe someter a consulta temas de derechos humanos y que sólo existe la posibilidad de la consulta para la revocación de mandato, publicada en una reforma de diciembre de 2018, en la que se establece que debe ser el primer domingo de agosto, organizada por el Instituto Nacional Electoral y que la Corte deberá verificar la constitucionalidad de la pregunta.
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