Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El gobierno federal solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que esta instancia atraiga los juicios de amparo contra la extinción de fideicomisos promovidos por integrantes del propio Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que éstos, “al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones del pueblo”, están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo. A través de la Consejería Jurídica, el Ejecutivo Federal pidió a la SCJN que ejerza su facultad de atracción y resuelva de forma prioritaria los amparos, al tratarse de un asunto inédito, de orden público, interés social y trascendencia nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó que en fast track, los jueces y magistrados conceden suspensiones definitivas para impedir que los recursos de fideicomisos extintos del Poder Judicial se entreguen a Tesorería de la Federación y puedan destinarse para reconstruir Acapulco tras el paso del devastador huracán Otis. La SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez. El Ejecutivo señaló que los jueces y magistrados violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional, pues ningún juez debe conocer de su propia causa; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo. A través de un comunicado, la Presidencia resaltó el caso del juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, quien en forma rápida, inusual y sin oír a todas las partes en juicio otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluido él, con lo que impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre. Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. “La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio”, indica el comunicado. El gobierno federal señala que jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial, y los acusó de pretender mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos.
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