EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, «heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia» con una «impunidad casi total» en la que más de nueve de cada 10 homicidios no se castigan, según denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW) en un reporte. La asociación internacional presentó el informe ‘Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios’, que reporta que el país tiene una tasa de 28 asesinatos por 100,000 habitantes, casi el doble que la media de América (15), y por encima de Colombia (25,7) y Brasil (21,3). Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, sostuvo al presentar el documento en Ciudad de México que «la estrategia de seguridad del anterior gobierno» de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), «de abrazos no balazos, redundó en actitudes omisivas, dejando a las comunidades desprotegidas frente a grupos del crimen”. “Este nuevo Gobierno ha anunciado que va a hacer cambios en esa política, seguimos atentamente el desarrollo, (pero) insisto: nos preocupa mucho que este Gobierno, a pesar de anunciar esos cambios, haya apoyado tanto la militarización a nivel constitucional, como la reforma al Poder Judicial», advirtió. Además de ser «una de las más altas del mundo», la agrupación con sede en Nueva York apunta que «la tasa real» de homicidios en México «podría ser incluso mayor», pues desde 2007 han desaparecido más de 94,000 personas que las autoridades no han encontrado «ni vivas ni muertas». Por otro lado, HRW documentó que, de 2010 a 2022, las fiscalías estatales abrieron cerca de 300.000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo en 51.000 casos identificaron un sospechoso, lo que equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %, «una cifra tremendamente baja». Mientras que, por cada 100 investigaciones abiertas de homicidio doloso, solo se emitieron siete sentencias condenatorias entre 2016 y 2021, añade el reporte con base en datos de Impunidad Cero. La política de Sheinbaum Sheinbaum asumió la presidencia después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los homicidios repuntaron un 1,2 % anual en 2024 hasta los 30.057, aunque los asesinatos han caído un 12 % en el primer cuatrimestre de Sheinbaum hasta un promedio diario de 76,5 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque la mandataria ha prometido una estrategia basada en atender las causas de la violencia y priorizar la inteligencia, HRW criticó que «cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión, cerca de 230.000 soldados se encontraban desplegados en el país». “Tiene, por supuesto, todavía un sexenio por delante y su legado está en juego, de ella depende que esté dispuesta realmente a apostarle a acabar con la impunidad por la violencia homicida en México, pero si sigue cometiendo los errores del Gobierno AMLO, me temo que no va a resolver ese problema”, comentó Goebertus. Miedo a denunciar La organización presentó el caso de Pascuala López, una mujer indígena cuyo hijo Mateo murió asesinado por negarse a participar en el crimen organizado en Chiapas, estado de la frontera sur de México, donde después las autoridades «fabricaron» un crimen para apresar a su esposo mientras buscaban justicia. “Me duele, soy una madre indígena, no sé leer, no sé mucho español, pero me gusta alzar la voz, no me quedé callada y fui a levantar la denuncia en el 2021 el 3 de febrero, entonces lo supieron los criminales», narró. En este contexto, Tyler Mattiace, investigador de HRW, expuso que «el mayor reto en las investigaciones de la mayoría de los homicidios es que las personas tienen muchísimo miedo de participar porque realmente temen represalias por participar en las investigaciones y es un temor basado en la realidad”. Mattiace presentó cinco recomendaciones para el Gobierno: mejorar la coordinación entre autoridades, atender la falta de capacidades básicas de investigación, establecer planes estratégicos de persecución penal, proteger a víctimas y testigos, y fortalecer los mecanismos de control interno en las fiscalías.
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