Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles, con 321 votos a favor, 112 en contra y una abstención, la lista de 1.412 aspirantes a cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF). La lista, elaborada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, será utilizada en las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025, cuando se someterán a voto popular los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces en todo el país, entre otros. El proceso de selección incluyó una insaculación pública de los aspirantes evaluados por el comité, lo que, según el diputado Leonel Godoy, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), «garantizó transparencia». Sin embargo, partidos de oposición, como Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), criticaron la selección, al argumentar que favorece a personas allegadas al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un intento de captura del Poder Judicial. La lista aprobada incluye a 657 mujeres y 755 hombres que aspiran a cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito. La abstención en la votación correspondió a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, cuya hija, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, es candidata a ministra de la Suprema Corte. Con su aprobación, la lista será enviada al Senado mexicano para continuar con el proceso de registro de candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio; aunque el órgano autónomo ha pedido un aplazamiento en su organización por un reajuste en el presupuesto. Estas elecciones son parte de una reforma judicial que busca transformar la forma en que se eligen jueces y magistrados en México, permitiendo que sean seleccionados por voto popular. El proceso ha generado debates sobre la independencia judicial y la influencia política en el sistema de justicia.
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