Redacción / La Voz de Michoacán La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 37 votos, el proyecto de reformas al artículo 21 de la Carta Magna para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y otorgarle atribuciones para investigar delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, entre otras. El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con la intención de darle declaratoria de publicidad mañana mismo en el pleno y someterla a discusión la próxima semana. La reforma establece que la secretaría, actualmente a cargo de Omar García Harfuch, auxiliará a Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno y solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos. A propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un Secretariado Ejecutivo que, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá realizar las acciones necesarias para homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno. El Secretariado Ejecutivo será asimismo el responsable de auditar y vigilar los fondos de ayuda federal otorgada a los estados en materia de seguridad pública. El proyecto de decreto fue previamente aprobado por el Senado de la República y, en caso de alcanzar mayoría calificada de dos terceras partes en San Lázaro, pasará a las legislaturas locales para su aprobación en al menos la mitad más una. El secretario García Harfuch sostuvo la semana pasada una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de la reforma destinada fortalecer las capacidades de investigación a fin de reducir los índices de violencia y combatir la impunidad. Con ello, dijo, se mejorará la eficiencia de las investigaciones y detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.
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