EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Cámara Baja del Congreso de México aprobó este lunes reducir de 21 años a 18 años la edad mínima para ser diputado federal. Los cambios aprobados por 439 votos a favor también plantean una reducción de 30 a 25 años para poder ser secretario de Estado en el Gobierno mexicano. Las reformas aprobadas modifican la Constitución mexicana y serán enviadas a la Cámara de Senadores para su análisis y posible aprobación. En la presentación de la reforma, la diputada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrea Chávez argumentó que los cambios responden a una serie de iniciativas de diversos grupos parlamentarios que buscan integrar demandas de la población juvenil. La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Estefanía Rodríguez coincidió, y sostuvo que, en México, las juventudes representan una gran parte de la población económicamente activa, por lo que han cobrado relevancia y son el motor que mantiene activa a diversas sociedades del orbe. Además, sostuvo que apoyar esta iniciativa es saldar una deuda histórica con la juventud. En el mismo sentido, el diputado del Movimiento Ciudadano (MC) Rodrigo Herminio Samperio afirmó que las nuevas generaciones son las protagonistas, por lo que necesitan tener la oportunidad de participar e incidir en cargos públicos. De acuerdo con el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo (PT), en México hay una población de por lo menos 15 millones de personas entre 18 y 21 años, por lo que impulsó a que la juventud lidere la transformación del país. Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Karla Ayala aseguró que la madurez no la define la edad y recuerda que el Estado mexicano no garantiza a todos el derecho a una educación de calidad. Los cambios legales fueron enviados al Senado, donde los legisladores de la Cámara Alta del Congreso mexicano deberán reunir votos favorables por dos terceras partes de su pleno para que sean avalados y enviados para su publicación oficial, al ser modificaciones constitucionales. La reforma también plantea 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor para que el Congreso y las legislaturas locales ajusten sus marcos legales a fin de dar cumplimiento a esta nueva normativa.
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