EFE / La Voz de Michoacán Una jueza del Estado de México vinculó este miércoles a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la banda Camilo Séptimo, y de otras tres personas el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que ambos enfrenten un proceso penal por "homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra seres sintientes", y ordenó que permanezcan en prisión preventiva en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) podrá incorporar nuevos datos de prueba y precisar la participación atribuida a cada imputado. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, trabajadora del hogar. La mascota de la familia también fue hallada muerta, mientras que un hijo de la pareja de seis años sobrevivió al ataque. Según la investigación de la Fiscalía, Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial y de confianza con el músico, circunstancia que habría utilizado para ingresar a la vivienda de las víctimas. La principal línea de investigación apunta a que los imputados buscaban una memoria que presuntamente contenía claves para acceder a activos en criptomonedas. Las autoridades también investigan amenazas y exigencias de dinero previas al crimen, además de la posible intervención de otras personas. Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez, y Gerardo “N”, identificado como su chofer, fueron detenidos tras el hallazgo de las víctimas y posteriormente ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán. En la audiencia inicial, celebrada el pasado sábado, la Fiscalía presentó decenas de datos de prueba y la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica de los detenidos. La vinculación a proceso no implica una condena y ambos deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad. El proceso continuará con peritajes, testimonios y diligencias solicitadas por las partes durante la investigación.
La Voz de Michoacán
