México / Política. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este jueves que el actual sistema penal acusatorio del país establece que debe haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión. Lo anterior, respecto a la acusación por parte del gobierno estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. “Nosotros no protegemos a nadie” “Nosotros no protegemos a nadie. Tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?”, manifestó la mandataria mexicana durante la habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional. Previamente, leyó un comunicado en el que fijó su postura como presidenta de la República: verdad, justicia y defensa de la soberanía. En este sentido, dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo la jurisdicción nacional. Motivaciones políticas e injerencia Sentenció que su gobierno no cubrirá a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, reiteró que si no existen pruebas claras, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político”. La titular del Ejecutivo federal recalcó que bajo ningún motivo se va a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. ¿De qué se acusa a Rocha Moya? De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la acusación en contra del mandatario estatal y otras nueve personas servidoras y exservidoras públicas es por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE. UU. a cambio de apoyo político y sobornos, así como por posesión de armas. En la imputación figuran dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán
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