220 servidores michoacanos no han cumplido con su declaración patrimonial; se les pidió desde julio

A cuatro meses de que venció el plazo, la Controlaloría ya notificó a los omisos para que pongan al corriente o reciban las sanciones que ameritan.

Foto: Víctor Ramírez

Arturo Molina / La Voz de Miuchoacán

Morelia, Michoacán. A meses de que se venció el plazo para el cumplimiento de la declaración patrimonial en el estado de Michoacán, más de 220 mandos de alto rango siguen siendo omisos ante la medida de transparencia. Desde directivos, jefes de área e incluso asesores, se encuentran en riesgo de ser inhabilitados por incumplir en la medida de transparencia.

En entrevista para La Voz de Michoacán, Francisco Huergo Maurin, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), manifestó que son relativamente pocos los casos que se tienen esta condición, ya que para el cierre de este 2020 ya se tiene un cumplimiento del 98 por ciento de los sujetos obligados.

PUBLICIDAD

En total, son 45 directores de área, cinco delegados administrativos, tres asesores, dos subsecretarios, dos secretarios técnicos, un coordinador, 100 jefes de departamentos y 43 subdirectores los que han sido notificados por parte de la Secretaría de la Contraloría Esta-tal por omisión.

Ni con plazo extra han podido cumplir

El plazo para la presentación dela declaración patrimonial vencía originalmente en el mes de mayo como parte de la ley estatal y federal, no obstante, debido al incremento del padrón de sujetos obligados de 11 mil a casi 100 mil, así como la pandemia por COVID-19, se prorrogó hasta el mes de julio de este mismo año. A pesar de los tiempos adicionales, los funcionarios de primer nivel no han cumplido en su totalidad mientras que personal de seguridad pública, salud y de apoyo a la pandemia han presentado su documentación en tiempo y forma.

PUBLICIDAD

“Tuvimos una ampliación de dos meses por el tema de la COVID-19, personal de salud y seguridad pública que por la propia dinámica fueron ampliados en sus plazos. Terminamos de entregar las declaraciones en el mes de julio. El 98 por ciento de los compañeros cumplieron, pero tenemos 223 compañeros omisos de los cuales ya están requeridos antes de iniciar el proceso correspondiente. Lo que hacemos es notificarles e invitarlos, y en caso de que no se haga, se dan las sanciones correspondientes”, explicó.

Con base al panorama anterior, Huergo Maurin exhortó a las y los servidores públicos a presentar su declaración de situación Patrimonial de Modificación conforme al acuerdo en el que se adiciona  un  artículo  quintotransitorio,  que  señala  que  el plazo para la presentación de dicha declaración era hasta el 31de julio de 2020.

La legislación es clara: en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán  de  Ocampo,  y  de conformidad al artículo 32 señala que “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su  respectivo órgano interno de control, a través del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, todos los servidores públicos, en los términos  previstos  en  la presente ley”.

Se reserva Secoem los nombres

Debido a la naturaleza misma del proceso, el titular de la Secoem, explicó que no se pueden dar a conocer los nombre de los originarios que se mantienen en proceso. En caso de que no cumplan serán añadidos a la lista de inhabilitación, que en los últimos años ya suman cientos de nombres de funcionarios y exfuncionarios por irregularidades. “En ese tema  del  cumplimiento de la normatividad de las declaraciones estaba bastante relajado.

Este año tenemos 223 omisos y esperamos  las  actas  de investigación, les estamos invitando ayudando para que cumplan  por si no  entienden. Tenemos un acuerdo a nivel nacional que es la revisión patrimonial de los servidores públicos y ya tomamos las muestras, porque es importante que los ingresos tengan correspondencia con los bienes”, explicó.

Hasta el año 2018, en la entidad eran apenas 11 mil sujetos obligados entre los que se destacaban funcionarios de primer nivel y puestos de elección popular. No obstante, con las reformas de ese mismo año se agregaron casi 100 mil trabajadores de los distintos niveles de gobierno como sujetos obligados a transparentar.

Por ello la Contraloría estatal asegura que se mantendrá vigilante a fin de que se cumpla la  normativa  o  se  sancione  a quien no la cumple.