Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Fracasó la política social y garantía de necesidades básicas de la población durante la fase más compleja del COVID-19 tanto en Michoacán como a nivel nacional, puesto que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no lograron el abasto de alimentación a población vulnerable, seguridad, servicios básicos como el agua potable y alcantarillado, así como el derecho a la educación. Los intentos por mitigar los efectos económicos de la pandemia no resultaron suficientes para una de las crisis económicas, sociales y humanitarias más fuertes de los últimos 100 años. En entrevista, el especialista en garantías individuales y coordinador general de la Clínica del Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Michoacana (UMSNH), Gumesindo García Morelos, manifestó que en prácticamente todos los rubros los gobiernos se vieron rebasados. En el tema alimentario, precisó que los apoyos entregados por municipios y estados no representaron más allá de un mínimo porcentaje de las necesidades de las familias durante los 4 meses que han transcurrido de la llegada del COVID-19. Si bien el gobierno de Michoacán por su parte repartió cerca de 400 mil apoyos alimentarios en distintas regiones del estado, el paquete contenía alimentos para 15 días para una familia de 4 personas, lo cual representa poco más del 10 por ciento del tiempo que las familias michoacanas han requerido del apoyo. El especialista aseguró que la alimentación tendría que haber sido garantizada todos los días, lo cual, manifestó, es una clara señal de la falta de capacidad de los gobiernos para proteger a la población ante una contingencia no alcanzó respecto a las necesidades reales. “La alimentación no debe ser esporádica, día a día tiene que ser garantizada. Servicios básicos como el agua y la luz, todo eso tenía que someterse a la eventualidad y considerar y hacer excepciones. Todos los partidos, todos los representantes sociales, yo creo que deben superar las diferencias que tienen porque hay algo que está por encima de sus ideologías, que es el interés social y el bienestar”, explicó. Las carencias en servicios básicos han evidenciado que gran parte de la población en el estado y en ciudades como Morelia no cuenta con servicio constante de agua potable y drenaje. Incluso en zonas como la capital del estado el desabasto en las colonias creció de manera importante en más de 100 colonias. La electricidad y costos de servicios tampoco fueron garantizados por los gobiernos. A pesar de la falta de ingresos en miles de hogares del estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado más de 30 mil cortes por falta de pago, lo cual fue reclamado por el gobierno de Michoacán. El especialista en derechos humanos argumentó que en todos estos aspectos ha faltado la intención y capacidad de los tres niveles de gobierno para atender las necesidades de la población en tiempo de pandemia. Educación, más inalcanzable que nunca Uno de los derechos básicos y fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el estado de Michoacán, como la educación, no está al alcance de todos. García Morelos se pronunció preocupado por la falta de información en torno a cuántos menores están perdiendo la capacidad de asistir a la escuela. “Han fallado, porque de por sí los estados arrastran problemas de salud, tenemos una crisis no solo de ahora. El tema de la alimentación, la educación no fue garantizado adecuadamente. El método en la enseñanza en línea no funciona. Hay que ver la cobertura, el poder adquisitivo de los padres de familia, incluso la señal. Es un tema que, aunque sea en línea, no subsana. Falta mejorar la política educativa para mejorar durante la pandemia. Son importantes las medidas de suspender las clases, pero la reactivación económica, el aseguramiento de los empleos”, explicó. Los gobiernos estatales y federal se han enfocado a informar sobre la atención en clases en línea, televisión y dispositivos de comunicación, en tanto que, advirtió, hay miles de hogares en el estado que no cuentan con los servicios más básicos como el agua, alimentación y mucho menos, con instalación de internet. Destacó como preocupante que no se conoce el impacto social hacia los estudiantes, sobre todo en las escuelas rurales del estado. Reconoció que si bien se pondrá el derecho fundamental de la salud, el derecho a la educación pública no puede verse aislado y olvidado.
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