Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hasta 50 concesionarios de venta de maquinaria y más de 400 campesinos de Michoacán denuncian desvío de recursos y fraude en el Programa A Toda Máquina en el ámbito estatal. La falta de pago a los proveedores provocó la quiebra de empresas locales y dejó con deudas a cientos de trabajadores del campo que confiaron en el gobierno para mejorar sus sistemas de producción. Con base en lo anterior, emplazaron a la Secretaría de Finanzas del estado y al gobierno estatal a ponerse al corriente con los pagos con las empresas y a cumplir con los agricultores, de lo contario se movilizarían en la ciudad de Morelia hasta conseguir la atención de las autoridades. Asimismo, presentarán denuncias a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. Han pasado 2 años desde que se anunció la suspensión del programa por problemas económicos. Desde entonces, se advierte, han quebrado una cantidad importante de empresas de la región del Bajío, de Apatzingán y de otras zonas del estado por la falta de pagos. La preocupación aumenta debido a que el gobierno de Silvano Aureoles “va de salida”, por lo que temen que quien llegue a ocupar la silla del gobierno del estado no va a reconocer la deuda contraída a inicios de 2016. Martín Espino, gerente de una empresa de maquinaria para el campo, manifestó que exigen a las autoridades continuar y concluir con el programa. En total fueron 88 municipios y 400 productores con los que falta cumplir el Programa A Toda Máquina. “Tenemos la inquietud porque ya se va el gobierno y nos quedamos como proveedores con la deuda que no nos van a querer reconocer la deuda. Queremos ver negociaciones y la forma en que el gobierno nos pueda pagar o establecer algún medio para hacer una presión, porque a veces es la única forma en la que se paga. Ojalá nos ayuden con los pagos”, precisó. El programa, que arrancó en 2016, contemplaba la participación del gobierno del estado, el federal y los campesinos. Los campesinos ponían una parte de recurso y lo demás corría por cuenta de la Federación y del gobierno del estado para la adquisición de un tractor que les permitiera mejorar el rendimiento de las tierras. En este contexto, el diputado local Fermín Bernabé acusó que la Federación bajó el recurso en tiempo y forma, mismo que no fue ejecutado ni entregado por el gobierno del estado a las empresas contratadas, por lo que se produjo una debacle en donde los concesionarios quebraron y los campesinos se quedaron con el pagaré por el valor de una parte del tractor en sus manos. “Son 50 empresas de esas muchas quebraron, los 400 campesinos que tienen los adeudos y los pagarés, es el documento mercantil que quieren activar. Esperemos den seguimiento porque vienen movilizaciones. Lo vamos a documentar a la Función Pública porque hay una desviación de recursos. Al momento de que ellos aceptan en que les ayudemos tenemos que ponernos en trabajo con ellos. Estamos hablando de que en 2016 eran 600 tractores con 300 millones de pesos, ese recurso ya está ejercido, por lo que esa lana ya debe pagarse porque si no, es corrupción y la Auditoría puede tomar cartas en ese asunto”, señaló. Fue a finales del 2017 cuando el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Pascual Sigala Páez, anunció que para 2018 el programa se suspendería. Con una visión ambiciosa, esperaba entregar mil tractores por año a las principales regiones productoras de Michoacán por cada año que durara el sexenio de Aureoles Conejo. Cada año se requerían al menos mil millones de pesos para la entrega de los mil tractores. Para 2018 se advirtió un déficit en este sentido de 500 millones de pesos, por lo que a partir de ese entonces y hasta el cierre de este 2020, el programa se mantiene suspendido y sin menciones de retomarlo. Hasta el momento, la Secretaría de Fianzas de Michoacán y la Sedrua no han emitido comunicado alguno sobre las condiciones en las que se encuentran los deudos con las empresas de maquinaria para el campo o si cuentan con la solvencia económica para pagar las deudas que fueron presentadas por los agricultores y los concesionarios.
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