Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se encuentran reprobados en efectividad y solución de problemas los gobiernos de las tres principales ciudades de Michoacán; más de medio millón de ciudadanos ven de manera negativa la función de sus autoridades locales. La última evaluación del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) reveló los malos resultados percibidos por la ciudanía en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, en donde la corrupción, deficientes servicios e inseguridad, entre otros, están entre las principales quejas. Como parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, el ejercicio al corte del cuarto trimestre del 2022 reveló las principales debilidades institucionales de los gobiernos locales donde persisten cuestiones como una alta percepción de inseguridad y violencia, así como de las malas costumbres de corrupción de funcionarios y los elementos policiacos. En el caso de la capital michoacana, refiere el INEGI que 70 por ciento de la población percibe cómo “poco o nada efectiva” la capacidad del gobierno municipal para solucionar problemas. Lo anterior, representa hasta 70 por ciento de la población mayor de edad que considera como ineficiente a las autoridades locales en cuanto a los principales problemas del municipio. Apenas el 28.9 por ciento de los ciudadanos considera como “algo efectivo”. El informe del INEGI también reporta que en la ciudad de Morelia el 39.6 por ciento de la población, conoció o escuchó que el gobierno de la ciudad implementó actividades o programas efectivos para prevenir la violencia y/o la delincuencia. El 58.7 por ciento no conoció ningún programa o actividad relevante. En términos porcentuales Uruapan es el caso más complejo. El 82.8 por ciento de los encuestados por el INEGI calificó como “poco o nada efectivo” la capacidad de sus funcionarios para resolver crisis. En esta ciudad sólo el 19 por ciento conoció o escuchó que el gobierno de la ciudad implementó actividades o programas para prevenir la violencia y/o la delincuencia y el 80.5 contestó que por ciento no. Lázaro Cárdenas, como uno de los polos de mayor desarrollo industrial, crecimiento económico y destino de grande inversiones nacionales e internacionales, también ostenta problemas en cuanto a la confianza a sus autoridades. El 61 por ciento de sus habitantes de más de 18 años también calificó de manera negativa la capacidad de su ayuntamiento para resolver problemas. En la zona portuaria, apenas el 10.8 por ciento sí conoció o escuchó que el gobierno de la ciudad implementó actividades o programas para prevenir la violencia y/o la delincuencia conoció programas y el 87 por ciento no. Funcionarios públicos siguen fallando Además, en los últimos meses del 2022, trascendieron datos negativos en torno a la función pública de los servidores y actos de corrupción. Sólo en Morelia, el 26 por ciento de la población que tuvo contacto directo con algún servidor público o autoridad de seguridad pública experimentó algún acto de corrupción. Para el caso de Uruapan el 54.2 por ciento, mientras que en Lázaro Cárdenas el 15.1 por ciento de la población asevera que tuvo esta problemática de corrupción. También en Morelia en materia de seguridad pública y corrupción la cifra es preocupante; 44 mil ciudadanos habrían experimentado algún acto de corrupción al pedir servicios a instituciones de seguridad pública locales; corresponde casi a la mitad de los servicios prestados, el 44 por ciento. En el caso de Uruapan las cifras no son mejores; más de 39 mil 500 ciudadanos de más de 18 años aseguraron experiencias negativas al acercarse a las instituciones de seguridad en dicha demarcación, que corresponde al 72 por ciento de la población. Para el caso de Lázaro Cárdenas, si bien los datos son menores respecto a Morelia y Uruapan, tampoco dejan de ser preocupante que no cuentan con datos sobre casos de corrupción manifiesta en torno a los servicios prestados por funcionarios públicos. No obstante, la ENSU sí señala más de 5 mil experiencias negativas por actos de corrupción ante instancias de seguridad pública.
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