Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al volver a depender presupuestalmente del Congreso local, la Auditoría Superior del Estado “podría no cumplir” con el programa anual de fiscalización del 2022, alertó Miguel Ángel Aguirre, al evocar la época en que los auditores legislativos no tenían viáticos ni vehículos ni vales de gasolina para ir a fiscalizar el gasto público. La Auditoría Superior aún tiene autonomía técnica y de gestión, pero a partir del 2023 deja de ser una Unidad Programática Presupuestal, sin que los diputados hayan ajustado (por lo menos) la Ley de Fiscalización Superior y la Ley Orgánica del Congreso. “Pase lo que pase, en marzo del 2023 vamos a salir con las auditorías al ejercicio 2022, ya autorizadas”, refrendó Aguirre. “Todo el personal de la Auditoría Superior tendría que trasladarse paulatinamente al Congreso para respetar su antigüedad”, planteó. Aun no se sabe si la secretaria legislativa de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, es quien va a dispersar la nómina de los 420 trabajadores del órgano técnico de fiscalización, de los cuales 210 son auditores. Aguirre aseguró que a partir del 1 de febrero del próximo año publicará los resultados de auditorías ya realizadas a ayuntamientos, dependencias públicas y organismos autónomos. En las observaciones a municipios, los auditores encontraron “muchos aviadores, atraso en obras públicas, transparencia no cumplida”. De igual manera, “hemos encontrado en ciertos organismos desconcentrados entre 3 y 4 por ciento de aviadores”.
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