Redacción / La Voz de Michoacán La diputada Fabiola Alanís presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma legal destinada a cerrar las brechas que provocan la impunidad en casos de violencia feminicida en Michoacán, para que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio y se castigue a servidores públicos que obstruyan la justicia en esta materia. La propuesta establece obligaciones expresas para la autoridad investigadora y se reconoce en el Código Penal del Estado el delito y la sanción para quienes, en el ejercicio de sus funciones, incumplan con la debida diligencia reforzada que estos casos exigen. La legisladora explicó que la iniciativa responde a una realidad inaceptable, en la que muchas muertes violentas de mujeres no se investigan con perspectiva de género desde el primer momento, y la falta de previsión legal permite que omisiones, retrasos o conductas irregulares de servidores públicos queden sin sanción clara, alimentando la impunidad. "No podemos permitir que la vida de las mujeres se tome a la ligera. Cada muerte violenta merece investigación exhaustiva y con perspectiva de género desde el primer instante y quien tenga la responsabilidad de procurar justicia y no lo haga, debe enfrentar consecuencias legales", señaló la diputada Fabiola Alanís. Explicó que la propuesta modifica dos ordenamientos jurídicos, el primero es la reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado para establecer como facultad indelegable de la Fiscalía General del Estado, el garantizar que toda muerte violenta de una mujer, adolescente o niña sea investigada con perspectiva de género y debida diligencia reforzada, bajo la hipótesis de posible feminicidio, incluyendo los casos inicialmente clasificados como suicidio, accidente u otra causa, hasta que esa hipótesis pueda descartarse de manera fundada con los resultados de la investigación. La segunda reforma, continuó, es al Código Penal del Estado, para crear el delito de negación de justicia por razones de género, que sanciona a la persona servidora pública que, sin causa justificada y con conocimiento de su deber: altere, oculte, destruya, sustraiga o fabrique indicios o evidencias; obstaculice o desvíe líneas de investigación vinculadas con razones de género; retarde u omita actos esenciales de su competencia, menoscabando el acceso a la justicia; y/o favorezca deliberadamente la impunidad de la persona probable responsable. La diputada Fabiola Alanís subrayó que esta iniciativa no es solo un cambio de letras en la ley, sino un compromiso con la vida y la dignidad de las michoacanas: “las familias no merecen que sus seres queridas sean olvidadas o mal investigadas. El Estado tiene la obligación de cuidar a quienes más vulnerables son y con esta reforma cerramos la puerta a la impunidad y abrimos el camino a una justicia real, pronta y expedita."
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