Redacción / La Voz de Michoacán El crecimiento de las ciudades en Michoacán, debe darse con orden, responsabilidad y estricto apego al interés público, porque las ciudades modernas no deben crecer primero al margen de la ley para exigir después que la ley se doblegue ante ellas, sentenció Toño Carreño Sosa. Ante ello, el diputado de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma al artículo 152 del Código de Desarrollo Urbano del Estado, así como incorporar el artículo 81 Bis a la Ley de la Función Registral y Catastral de Michoacán, con la finalidad de fortalecer el ordenamiento territorial, proteger la seguridad jurídica y cerrar la puerta a una práctica nociva: que las divisiones irregulares de predios obtengan un reconocimiento legal automático por el simple hecho de ya existir. Esta iniciativa, aclaró el legislador, no crea nuevas cargas fiscales, ni nuevas obligaciones para el Estado; lo que hace es robustecer las facultades, los deberes y los mecanismos de actuación que ya existen en nuestro marco jurídico para que las atribuciones vigentes se ejerzan con mayor rigor, coordinación y apego estricto a la ley. Lo anterior, explicó Toño Carreño, ante la constante de que particulares dividen físicamente un terreno sin autorización, comercializa fracciones, permite construcciones y, una vez consolidada esa anomalía fáctica, acude a la ventanilla de la autoridad para exigir su regularización. La división física de un predio, advirtió, no equivale a una subdivisión legalmente autorizada ya que un contrato privado entre particulares no sustituye una licencia urbanística. Permitirlo, explicó, manda un mensaje profundamente equívoco: castiga al ciudadano que cumple con los requisitos y premia indirectamente a quien evade la ley. Una subdivisión irregular detona asentamientos humanos sin vialidades suficientes, sin redes de drenaje, sin agua potable, sin equipamiento urbano y, con extrema frecuencia, en zonas de alto riesgo sin condiciones de protección civil, es decir, sin evaluaciones y orden oportuno. Así que, la planeación debe ser transparente en la planificación urbanística, la individualización catastral y la inscripción registral. Por ello, la iniciativa también establece candados para impedir que se emitan actos administrativos cuyo único fin sea convalidar fraccionamientos o subdivisiones hechas al margen de la ley. Finalmente, Toño Carreño dejó en claro que no se pretende obstaculizar el desarrollo inmobiliario, ni criminalizar o castigar a familias que habitan en asentamientos que hoy reclaman atención y servicios. La propuesta es evitar que malos desarrolladores eludan las reglas, que las instituciones sean acorraladas por hechos consumados y que sea la sociedad michoacana la que termine pagando los costos de decisiones tomadas al margen de la ley y la planeación.
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