Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- La contralora del Estado, Azucena Marín Correa, solicitó este lunes formalmente la apertura de juicio político para la destitución del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por enriquecimiento oculto y por conflicto de intereses. El hoy jefe superior de los auditores del Congreso del Estado ha otorgado contratos a familiares, socios y allegados por más de 258 millones de pesos, en su paso por distintos puestos públicos. Múltiples adquisiciones y obras públicas han sido realizadas por empresas vinculadas a Aguirre, según la acusación del Ejecutivo. El Congreso local dará trámite inmediato a la solicitud, luego de que la Contraloría identificó 66 procedimientos que comprometen la integridad y la legalidad de Aguirre como auditor superior estatal. Durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles, el hoy auditor superior de Michoacán fungió como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas. Desde entonces hay indicios de “posible afectación del desempeño objetivo e imparcial de sus funciones, en razón de intereses personales, familiares y de negocios”. Aguirre Abellaneda tiene vínculos cercanos con la empresa Maram Constructores y Arquidemos, ejecutora de obras públicas que le corresponde supervisar a la Auditoría Superior del Estado. Al frente del órgano técnico de fiscalización del Congreso, se señala que Aguirre otorgó contratos directos para la compra de computadoras a la hija de la auditora especial de fiscalización estatal, Silvia Trinidad Tapia García. La hija –Elsa Cecilia Tapia García- había sido empleada suya en la Secretaría de Finanzas y había sido socio de su entonces esposa. Este miércoles se dará trámite a la solicitud de juicio político, turnándola en primera instancia a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y en fecha posterior, el tema será dictaminado en la comisión jurisdiccional del Congreso.
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