Michoacán, entre los estados con más cierres de escuelas por violencia

Las escuelas primarias han sido las más afectadas por la violencia en nuestro país, al suspender sus actividades en 104 ocasiones.

Foto: Pixabay.

El Universal / La Voz de Michoacán

Los golpes de la lucha entre grupos criminales en el estado michoacano y otras entidades del país tienen un alto costo social, y el cierre de escuelas es una de las caras de éste.

A nivel nacional, al menos en 199 ocasiones se han cerrado momentáneamente escuelas entre 2019 y 2020, mientras que 10 han dejado de funcionar de manera definitiva.

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La problemática se ha suscitado en al menos ocho estados: Michoacán, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco.

Por balaceras entre grupos delictivos, enfrentamientos entre policías y criminales, tomas clandestinas, presencia de cárteles, desplazamiento forzado de comunidades, bloqueo de carreteras con autos incendiados, entre otros motivos de seguridad pública, escuelas de distintos niveles han interrumpido sus actividades.

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Foto: El Universal.

Además, otras 12 instituciones han permanecido cerradas hasta por siete años debido a las mismas condiciones. Un informe al que tuvo acceso EL UNIVERSAL revela que las escuelas primarias han sido las más afectadas, al suspender sus actividades en 104 ocasiones; las secundarias, en 51; los preescolares, en 49; los bachilleratos, en cuatro, y las universidades, en tres.

La información, obtenida a través de solicitudes de información realizadas a las secretarías estatales de Educación Pública, explica que 199 paros de las escuelas han sido temporales, mientras que 10 instituciones de Guerrero y dos de Michoacán cerraron sus puertas de manera definitiva por la inseguridad de las localidades.

Caso Michoacán

Michoacán se ubica en el tercer lugar nacional por la cantidad de cierres en escuelas. En esa entidad son 17 secundarias las que han dejado de operar, dos de ellas ubicadas en los municipios de Coalcomán y Apatzingán.

El documento señala que entre 2016 y 2017 ambas instituciones dejaron de operar porque “la comunidad abandonó el poblado por miedo a la inseguridad”.

En el resto de los casos, las secundarias de Michoacán frenaron sus clases a causa de la toma de carreteras y quema de vehículos, además de amenazas que han circulado a través de volantes y enfrentamientos entre grupos delictivos.

Foto: La Voz de Michoacán.

Guanajuato, con más cierres

Guanajuato es el estado donde más casos se han presentado (146). En el documento se señala que la mayor parte de las escuelas frenaron sus clases “para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa por riesgos en materia de seguridad pública en las inmediaciones del centro educativo”.

Asimismo, en algunos casos se indica que las clases fueron interrumpidas porque los caminos fueron suspendidos por elementos de seguridad o por petición de los padres de familia por seguridad de sus hijos.

El segundo estado con más casos de este tipo es Guerrero, con 27. El informe detalla que en el municipio José María Izazaga, la primaria Valentín Gómez Farías ha estado cerrada desde hace siete años por un “asesinato masivo”.

De igual forma, en los municipios de Zirándaro, Coyuca de Catalán, Petatlán, Pedro Ascencio de Alquisiras y Zihuatanejo de Azueta hay nueve primarias que llevan cerradas entre uno y tres años por inseguridad o por falta de pobladores y alumnos por inseguridad.

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En el resto de los casos en Guerrero, las primarias han suspendido sus clases entre un día y dos ciclos escolares por los mismos motivos, así como por falta de transporte para trasladarse en las localidades debido a la violencia.

En el caso de Puebla, son 10 escuelas las que han frenado sus actividades por enfrentamientos, balaceras, secuestro de profesores, extorsiones telefónicas, presencia de hombres armados, así como enfrentamientos entre comunidades. En Coahuila, cuatro escuelas primarias y una secundaria tuvieron que poner un alto a sus actividades por las balaceras, como la detonación de un arma de fuego al interior del Colegio Cervantes el pasado 10 de enero en Torreón, el cual dejó una maestra asesinada y un niño que perdió la vida luego de realizar el ataque. En los casos de San Luis Potosí, Tabasco y Ciudad de México son otras seis escuelas las que interrumpieron todas sus actividades educativas de manera temporal por situaciones ligadas a la inseguridad.

Por ejemplo, en el caso de Tabasco el documento explica que en una ocasión una escuela debió permanecer cerrada porque había personas armadas en la comunidad, y que otro día volvió a suspender actividades “porque apareció un cártel en la comunidad con amenazas a maestros y alumnos, razón por la que padres de familia acordaron no enviar a sus hijos a la escuela”.

En tanto, en San Luis Potosí las actividades escolares se frenaron en el municipio de Santo Domingo por registrarse hechos violentos en la cabecera municipal, y en Santo Domingo, por el asesinato de una familia completa y por decisión de los padres de familia de no mandar a sus hijos a la escuela.

Afectación directa a los niños

Especialistas en infancia consultados lamentaron que la violencia en el país haya alcanzado a las escuelas y a los menores de edad que estudian ahí, pues eso, dijeron, podría estar poniendo en riesgo su futuro o las condiciones de inseguridad podrían generar daños sicológicos.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), expresó que, aunque es una buena decisión suspender clases cuando está en riesgo la comunidad educativa, el problema se agrava si las autoridades no atienden de raíz el tema de la violencia. “Las escuelas se encuentran generalmente vulneradas por la disputa de grupos criminales por el control territorial. Es importante que las autoridades tomen medidas no sólo para proteger la vida y la integridad de los menores, sino para desarrollar acciones para que los programas educativos no se alteren”, expresó Martín Pérez. El especialista dijo que la suspensión de actividades escolares “genera incertidumbre y desconfianza a niños y niñas, porque no tienen asegurado que van a ir a estudiar a un lugar donde se les va a proteger”.

Agregó que este problema debe ser resuelto de manera interinstitucional y por los tres niveles de gobierno, además de que las comunidades también deben proteger a los menores de edad a través de la denuncia de los responsables de los crímenes.

Por último, el experto también habló sobre los niños armados en Chilapa, Guerrero, y que supuestamente forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

En ese sentido, mencionó que es un ejemplo de cómo la violencia ha arrebatado a los jóvenes la posibilidad de asistir a la escuela y han tenido que enfrentrarla. Por su parte, Diohema Anlleu, directora de incidencia de la Fundación Juconi, hizo un llamado para prevenir la violencia alrededor de las escuelas.

Aseguró que en Michoacán y Guerrero hay generaciones perdidas de estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios porque las instituciones cerraron de forma definitiva. “El cierre de una escuela puede afectar el desarrollo cognitivo de un niño o niña, proceso fundamental cuando tienen entre seis y 12 años. Los otros problemas son que las escuelas pueden cuidar a los niños mientras los padres trabajan, entonces el cierre de un plantel es una medida extrema y habla mucho de cómo está el tejido social”, aseveró Diohema Anlleu.

Consideró que aunque la mayoría de las escuelas sólo cierra sus puertas de manera temporal, esto tiene el mismo impacto negativo en los pequeños. “Los niños lo que requieren es que haya un espacio seguro, constante y que les dé tranquilidad para ir a estudiar. Cuando una escuela cierra una vez puede ser desconcertante, pero cuando dos lo hacen quiere decir que hay un verdadero problema”, expresó.

Aunque la especialista admitió que los poderes Ejecutivo y Legislativo están tomando varias medidas para mejorar la calidad de vida de la población más joven de México, señaló que la interrupción de las actividades de las escuelas por violencia es un tema que no se ha abordado lo suficiente.

Sobre este tema también opinó Rosario Alfaro, directora de la organización Guardianes y vocera del Pacto por la Primera Infancia, quien insistió sobre las repercusiones sicológicas que pueden tener los menores con la inseguridad en sus estados.

También aseveró que en 2012 hubo una situación de esa clase: “En una escuela de Coahuila no pudimos impartir un curso porque estaba cerrada por unas balaceras que hubo alrededor del lugar. Por una semana estuvieron dos integrantes de guardianes y no pudieron realizar su trabajo por la violencia que impera. Es urgente que las autoridades atiendan el problema”.