Arturo Molina / La Voz de Michoacán A pesar de los acuerdos reparatorios signados en días pasados y de la oferta de mesas de diálogo, Comunidades Indígenas de Michoacán acusan a las autoridades locales de Morelia de criminalizar la protesta de los pueblos originarios, tras el derribo del Monumento a los Constructores y el posterior acuerdo económico para que pudieran salir en libertad. El Consejo Supremo Indígena advirtió que celebrará asambleas internas en las comunidades para determinar las acciones que se tomarán en próximos días por la detención de 24 comuneros esta misma semana en la zona urbana del municipio. Contrario a las versiones del municipio, especialistas e historiadores, el órgano indígena aseguró que el monumento dañado no forma parte del catálogo de bienes inmuebles del Centro Histórico de Morelia, por lo cual consideraron extralimitadas las acciones del ayuntamiento de Morelia y la Fiscalía General de Michoacán en cuanto a las sanciones a los detenidos de esta semana. En paralelo, tomarán acciones legales por lo que consideraron detenciones arbitrarias y plagadas de violaciones a los derechos humanos de hombres, mujeres, adultos mayores, menores de edad e incluso estudiantes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras el acto de protesta. Respecto al pago de los costos de reparación de la estatua que saldrán de los bolsillos de los manifestantes detenidos, el Consejo Supremo Indígena se limitó a señalar las presuntas inconsistencias en la cadena de custodia y el proceso legal por la destrucción del polémico monumento. El Consejo Supremo Indígena aclaró que determinación de retirar la escultura segregacionista no fue una “decisión individual, de grupo o de partidos políticos”, sino que obedeció a un consenso comunal de Asamblea General de Autoridades Indígenas, máxima autoridad del Consejo, de la cual sobresalió la remoción de la escultura instalada en Morelia apenas en 1995. A decir de la organización indígena, la escultura es únicamente un bien mostrenco. Acusan la falta de diálogo por parte del Ayuntamiento de Morelia en cuanto a la instalación de mesas de trabajo para definir el futuro de la escultura que califican como discriminatoria; “al negarse sistemáticamente a escuchar y atender esta petición de las comunidades indígenas, además de que la solicitud de reubicación se efectuó de manera formal y por escrito desde el 23 de septiembre del 2020. Al cerrar el diálogo, las autoridades municipales no dejaron otro camino”, se argumentó En un tercer punto explicado por el Consejo Supremo Indígena, califican como detención arbitraria tras el operativo que dejó a 24 comuneros detenidos el pasado lunes en la ciudad de Morelia tras el derribo de la escultura. Señalaron que, aunado a las lesiones, robo de pertenencias, se violó su derecho de presunción de inocencia al ser fotografiados y expuestos públicamente, y no se siguió el debido proceso judicial. Asimismo, en el caso de los adultos mayores que también participaron en la manifestación, presentaron queja por humillación pública y lesiones. “Hacemos de su conocimiento que nos encontramos en etapa de información y consulta a las comunidades originarias, por lo que estamos llevando la palabra barrio por barrio y asamblea por asamblea, para definir conjuntamente el quehacer comunal ante la criminalización de que fueron objeto compañeros comuneros y estudiantes por parte del Ayuntamiento de Morelia y una vez que tengamos los resolutivos de las asambleas generales realizaremos un plan de acción colectivo”, señalaron.
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