Juan Bustos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante el incumplimiento para buscar satisfacer las demandas y necesidades de más de 500 poblaciones originarias en la entidad, así como la obstaculización del presupuesto directo en diversas demarcaciones, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha confirmado que 35 comunidades no permitirán la instalación de casillas durante las próximas elecciones. En rueda de prensa organizada en un café del Centro Histórico de Morelia, integrantes de la organización señalaron que, al mismo tiempo, se ha decidido no permitir el acceso de campañas ni propaganda electoral, como parte de las acciones consensuadas con las asambleas comunales. Esto tira por la borda y desmiente los señalamientos de algunos aspirantes al Senado, como Carlos Torres Piña, que aseguraba tener el apoyo de autogobiernos, situación que es contradictoria, primero porque son determinaciones de asamblea, y segundo, porque justamente están en contra del sistema que representan los partidos y actores políticos vigentes. El CSIM dio a conocer que, adicionalmente, se llevará a cabo una contra campaña informativa que incluirá los nombres de los alcaldes de Hidalgo, Erongarícuaro, y el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, acusándolos de orquestar luchas jurídicas contra la autonomía de las comunidades, según expuso Pavel Ulianov Guzmán Macario, asesor y vocero de la organización. Aunque se preguntó expresamente sobre los nombres de las comunidades que no permitirán el acceso a las casillas, el CSIM indicó que esperará al inicio de la contienda electoral para dar a conocer el listado, el cual también harán llegar a las autoridades electorales. Cabe destacar que en los últimos cuatro procesos electorales las poblaciones originarias denunciaron la intromisión de operadores políticos después de revelar los nombres de las comunidades que se cerraron a las elecciones, por lo que este año tomarán precauciones, justamente también para evitar falsa propaganda, como la ya descrita anteriormente. Pavel Guzmán indicó que la medida de no permitir la instalación de casillas se ha tomado como una forma de protesta y rechazo a la falta de resolución de conflictos y al desacato por parte de algunos presidentes municipales. El vocero indígena detalló que la comunidad de San Matías del municipio de Hidalgo ha liderado este movimiento, expresando su frustración por la falta de avance en un conflicto que lleva casi un año sin resolverse. A pesar de ganar una consulta a favor de su autonomía, la población se ha enfrentado a obstáculos por parte del presidente municipal José Luis Téllez Marín, quien ha impuesto trabas para la implementación de este proyecto comunitario que se ha hecho incluso dentro del marcado de la ley. Conflicto en Hidalgo Representantes de San Matías Grande, como Germán Martínez Figueroa y Roque Martínez Hernández, manifestaron su llamado a la ciudadanía para revisar detenidamente los perfiles de los candidatos propuestos por los partidos políticos para no votar por este tipo de perfiles que están abiertamente contra los intereses de la gente indígena. Los integrantes del Consejo insistieron en su un llamado a no votar por aquellos que han demostrado ser incapaces o que han actuado en contra del desarrollo de las comunidades y su autodeterminación. Señalaron que la decisión de no permitir la instalación de casillas se presenta como una medida extrema, pero los representantes del CSIM señalan que es necesaria para hacer visible su descontento y presionar por una resolución justa en sus conflictos jurídicos. “La falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales ha llevado a estas comunidades a tomar acciones drásticas en busca de justicia y respeto a sus derechos”, ponderó el vocero. Guzmán Macario indicó que el Consejo tiene la intención de impugnar la reciente resolución del Tribunal Electoral en torno a San Matías Grande que, según ellos, no ha sido notificada debidamente. Argumentó que el desacato por parte del presidente municipal de Ciudad Hidalgo requiere una acción más contundente y la intervención de las autoridades para garantizar un proceso electoral justo. En cuanto a la falta de apoyo gubernamental, destacó la postura del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que, según los representantes de las comunidades, está más enfocado en proteger a los presidentes municipales que en respaldar los derechos de las comunidades indígenas. Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para abordar estos atropellos. El CSIM ha subrayado que “esta decisión de no permitir la instalación de casillas no es una medida aislada”, ya que en los últimos cuatro períodos electorales varias comunidades han tomado acciones similares para expresar su descontento y exigir el respeto a sus derechos. Este fenómeno se ha concentrado especialmente en las regiones purépechas, donde hay una mayor presencia de autogobiernos indígenas.
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