El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), junto con comunidades originarias y afromexicanas de la entidad, denunció que las autoridades federales y estatales han incumplido los acuerdos para atender la crisis ambiental y de salud generada presuntamente por la planta geotermoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Los Azufres, la cual afecta directamente a la comunidad otomí de San Matías el Grande. A través de un pronunciamiento emitido este 31 de julio, el movimiento señaló que tras seis meses de mesas de trabajo en el marco del "Comité Interinstitucional Calidad Ambiental y Salud Pública Los Azufres", el Estado mexicano se ha convertido en "cómplice por acción u omisión" al romper los compromisos pactados con más de 30 instituciones. Incumplimientos en salud y medio ambiente De acuerdo con la comunidad otomí (hñähñu) de San Matías el Grande —la primera en convertirse en autónoma dentro del municipio de Hidalgo—, estudios científicos han confirmado que la geotermoeléctrica representa una fuente de toxicidad para los manantiales de la región. Entre los acuerdos desatendidos por las dependencias de los tres niveles de gobierno destacan: Semarnat: Falta de realización de estudios en los manantiales comunitarios. Conagua: Omisión en la habilitación de filtros en las fuentes de abastecimiento de agua potable. Profepa: Falta de una inspección de primer nivel y conjunta en la planta de CFE en Los Azufres. SSM, IMSS y Secretaría de Salud: Ausencia en el establecimiento de una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, así como la falta de programas para la detección temprana y apoyo a enfermos renales en la zona. Emplazamiento a la PROFEPA y amago de marchas Ante lo que calificaron como un quebrantamiento a la salud de la población, el CSIM emplazó directamente a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Mariana Boy Tamborrell, para que cumpla a la brevedad con la inspección en la comunidad. Advirtieron que, de no atenderse las demandas, iniciarán una serie de movilizaciones, acciones jurídicas y protestas tanto en las oficinas de la entidad como en la Ciudad de México.