En Tzintzuntzan, un particular quiere despojar del inmueble a un Centro de Atención para niños

Angélica Ayala / La Voz de Michoacán

Tzintzuntzan, Michoacán. La atención a niños y jóvenes con padecimientos como síndrome de Down, parálisis cerebral, malformaciones congénitas, entre otros que reciben sus rehabilitaciones en el Centro de Atención y Desarrollo Cultural Colibrí se puede ver interrumpida de manera definitiva ante las irregularidades que las autoridades han avalado mediante un juicio para que el inmueble donde se encuentran pase a un particular.

Hace 19 años que este lugar ha sido una opción para las familias de escasos recursos económicos para que sus hijos reciban la atención que requieren y así mejorar su calidad de vida. Durante varios años se les brindan las terapias acordes a las necesidades de cada paciente; la mayoría son originarios de las comunidades de Tzintzuntzan que ante la vulnerabilidad en la que viven, les es difícil recibir esta atención en Morelia o incluso Pátzcuaro.

Tania Calderón González, presidenta del Centro de Atención y Desarrollo Cultural Colibrí, informó que desde febrero del 2020 iniciaron con una pelea legal para que no sean despojados del inmueble que años atrás se compró a la dueña original. Sin embargo, a su muerte uno de sus hijos, Raúl Campos Villagómez, quien en su momento atestiguó la compra y firmó como tal, se presenta como dueño del predio e inició con los procedimientos jurídicos para desalojarlos.

Actualmente el Programa de Atención Especial atiende a 90 pacientes con discapacidad y dificultades en el aprendizaje; en coordinación con el DIF municipal también se gestionan la canalización de pacientes al Hospital Infantil para valoración especializada, cuentan con el desayunador comunitario en la modalidad de desayunos calientes, además de la reapertura de la ludoteca, así como las terapias requeridas.

Juez avala acto ventajoso e irregular

Calderón González se cuestiona el porqué se avala por un juez un estatus jurídico de injusticia, ya que relató: “Raúl Campos cede primero los derechos hereditarios en favor de su madre, Clara Villagómez Estrada (con quien se hizo la compraventa), posteriormente y aparentemente le regresan esos derechos, puesto que dichos derechos están viciados (…); después él aparece como testigo de un contrato de promesa de compraventa y de un convenio modificatorio de compraventa y demanda injustamente”.

Añadió que esta persona sabe que su mamá había vendido y recibió el recurso económico, “que él fue testigo en dos ocasiones que su madre recibió un recurso económico y ahora Raúl Campos Villagómez dolosamente quiere quedarse con un bien inmueble que no es suyo, puesto que su madre lo vendió y fue testigo”, mencionó.

Esto ha sido avalado por un juez de Pátzcuaro “que, a sabiendas de estar incurriendo, con dolo, mala fe, fraude, además del perjuicio económico y moral a la parte compradora, así como a los intereses que esta última representa, que repercuten en la población de niños y jóvenes con discapacidad y dificultades de aprendizaje”, señala un comunicado emitido por los afectados.

Tanía Calderón aclaró que todo el proceso de compraventa inició con un contrato verbal con la dueña del inmueble para después hacerlo de manera oficial ante un notario público; de acuerdo a la línea de tiempo, en 2003 toman posesión del lugar y el 15 de julio del 2010, Clara Villagómez Estrada y la entrevistada formalizan el contrato de promesa de venta, quedando formalmente la vendedora de escriturar a la compradora, en cuanto estuviere en condiciones para ello y recibir el monto final pactado en el contrato.

De acuerdo a los datos aportados, el pasado 21 de julio del 2011 Clara Villagómez, en cuanto albacea definitiva y titular de los derechos hereditarios en el juicio mencionado, realiza un convenio modificatorio en el cual aparece nuevamente como testigo Raúl Campos, “por lo cual es ilógico que él esté peleando jurídicamente un inmueble que sabe no le pertenece”.

Ante las irregularidades jurídicas de la contraparte y las sentencias del juez, el pasado 12 de octubre el titular del juzgado dictaminó “ la entrega real y material del bien inmueble en la que el titular del juzgado en cita hizo el requerimiento en forma pacífica del bien inmueble, el cual, derivado de la injusticia y el dolo con el que se conduce el actor de juicio, se acudió a la Justicia Federal reservándose el derecho de ejercitar la acción penal en contra de Raúl Campos Villagómez por el ilícito de fraude”.

Tania Calderón aclaró que la actitud injusta y las irregularidades no solamente afectan en el hecho del tema jurídico del inmueble, “están afectando los derechos humanos de los niños que ahí reciben su terapia, lo estamos haciendo por ello, porque sabemos que no tienen otra opción para recibir la atención que requieren”.