Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Este miércoles, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, dio a conocer que se presentó una denuncia contra el presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo. Por medio de un comunicado, la organización señaló que el pasado lunes 27 de noviembre fue denunciado penalmente el presidente municipal de Erogarícuaro, Juan Calderón Castillejo, por el delito de amenazas en contra de Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del CSIM, a quien amenazó con desaparecer si continuaba impulsando la autonomía de los pueblos indígenas y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente al alcalde. Previamente, dice el boletín, en el mes de junio del presente año, ya había sido amenazado también con el delito de desaparición forzada por impulsar la consulta para que la comunidad de San Francisco Uricho decidiera si deseaba autogobernarse. En este sentido, “reiteramos que Juan Calderón Castillejo ha estado siempre en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios”, esto porque presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, además de impedir en dos ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho. Asimismo, acusa el CSIM que el alcalde amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos y públicamente, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán, “siendo declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades originarias”. En este contexto, el CSIM hace directamente responsable de la integridad física de Pavel Ulíánov Guzmán, así como de los integrantes del Consejo, al alcalde Juan Calderón Castillejo. Cabe señalar que en la década de los 70 del siglo pasado, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por la entonces Dirección Federal de Seguridad y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por lo que hacemos un llamado categórico y enérgico al gobierno de la República y al gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición. Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales. Finalmente, la organización dice estar “en estado de alerta máxima” y convocó a todas las comunidades integrantes aglutinadas en el Consejo, así como a los movimientos sociales, “a la movilización inmediata como respuesta a los casos de desaparición forzada”.
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