Michoacán es la entidad del país con más colectivos de madres buscadoras incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de acuerdo con el informe ‘Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México’, elaborado por Amnistía Internacional. El documento ubica a la entidad en el primer lugar nacional en cuanto a colectivas protegidas, en un contexto estatal donde más de 7,700 personas permanecen desaparecidas o no localizadas. Con motivo del 10 de mayo, fecha en la que colectivos de búsqueda suelen salir nuevamente a las calles y a las jornadas de localización, el informe retrata la realidad de madres y mujeres que, tras la desaparición de un hijo, hija o familiar, comenzaron labores de búsqueda ante la falta de resultados de las autoridades. Muchas integran agrupaciones dedicadas a recorridos en campo, revisión de fosas clandestinas, rastreo en hospitales y centros penitenciarios, difusión de fichas y acompañamiento a otras víctimas. El estudio detalla que el mecanismo federal ha incorporado a 330 personas buscadoras de personas desaparecidas en el país, de las cuales 242 son mujeres y 88 hombres. Además, reporta la incorporación de 134 colectivos de búsqueda de distintas entidades federativas. Michoacán aparece en el primer lugar nacional con 15 agrupaciones incorporadas, seguido por Guanajuato con 14 y Veracruz con 12. Las labores de localización ante la falta de resultados oficiales han colocado a las buscadoras en una situación de riesgo permanente y las han convertido en defensoras de derechos humanos. La organización evidenció que las mujeres entrevistadas enfrentan amenazas, vigilancia, agresiones físicas, hostigamiento institucional y afectaciones económicas y de salud derivadas de las actividades de búsqueda. Mecanismos, insuficientes Amnistía Internacional documentó que las principales agresiones identificadas por el propio mecanismo federal son las amenazas, seguidas por vigilancia, agresiones físicas, asesinatos de familiares y allanamientos de domicilio. El informe añade que el 80 % de los perpetradores de estas agresiones no han sido identificados. El organismo identifica obstáculos estructurales, como el rechazo de medidas de protección a mujeres que no son lideresas o la minimización de hostigamientos por parte de las autoridades. También se critica el funcionamiento de los ‘botones de pánico’, que suelen fallar en zonas rurales por falta de señal, y la desconfianza hacia escoltas de corporaciones locales por presuntos vínculos con el crimen organizado. El informe sostiene que las autoridades mexicanas han respondido con “violencia institucional” mediante respuestas tardías y falta de perspectiva de género. Son víctimas sistemáticas de extorsión y violencia En paralelo, la base estadística de Amnistía Internacional documentó agresiones directas en Michoacán. De las 18 entrevistadas en la entidad, 9 señalaron amenazas verbales o escritas; 8 identificaron actos de corrupción en instituciones vinculadas con la búsqueda y 6 denunciaron extorsiones telefónicas. La organización registró además agresiones físicas, robos y hasta secuestros relacionados con el contexto de búsqueda. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte del 7 de mayo de 2026, en Michoacán persisten 7,749 personas desaparecidas y no localizadas. El 56.99 % del total histórico de registros en la entidad continúa sin ser esclarecido, y son las madres buscadoras quienes recorren brechas y escarban fosas para sostener la exigencia de localizar a sus familiares. Arved Alcántara / La Voz de Michoacán
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