La inseguridad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la docencia en Michoacán, particularmente en regiones como Tierra Caliente, la Costa y los municipios colindantes con Jalisco, donde maestros y directivos han enfrentado amenazas, desplazamientos y riesgos constantes para acudir a sus centros de trabajo. El reciente asesinato de dos docentes que viajaban junto a autoridades comunales de Pómaro, en el municipio de Aquila, volvió a colocar en el centro de la discusión públicas las condiciones bajo las cuales miles de profesores desarrollan su labor en distintas zonas de la entidad. Para Erik Avilés Martínez, presidente de Mexicanos Primero Michoacán, la situación de inseguridad que enfrentan los docentes es una de las expresiones más graves de las carencias estructurales que afectan al sistema educativo estatal. Señaló que, fuera de las aulas, los maestros requieren condiciones básicas de protección para desempeñar su trabajo, algo que actualmente no está garantizado en diversas regiones. De acuerdo con el especialista, durante el ciclo escolar anterior se registraron amenazas directas del crimen organizado contra docentes y directivos en al menos 20 municipios de Michoacán. En algunos casos, explicó, hubo escuelas que suspendieron actividades debido a hechos violentos, como sucedió apenas esta semana en Cotija, y comunidades donde el trayecto hacia los planteles se convirtió en una actividad de alto riesgo para el personal educativo. La violencia no se reduce ya sólo al tema del crimen organizado, sino que se gesta incluso dentro de los planteles. Erik Avilés recordó que uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 24 de marzo en Lázaro Cárdenas, cuando fueron asesinadas María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal, quienes laboraban en la Preparatoria Antón Makarenko. Consideró que ese hecho reflejó la dimensión que ha alcanzado la violencia en determinados entornos escolares y evidenció la ausencia de mecanismos efectivos de protección para quienes trabajan en el sector educativo. Sostuvo que los docentes requieren mucho más que reconocimientos simbólicos o discursos conmemorativos. A su juicio, “la seguridad debe formar parte de una política pública integral que permita garantizar el acceso a la educación sin poner en riesgo la integridad física de maestros, estudiantes y personal administrativo”. Estabilidad, servicios e infraestructura, pendientes El presidente de Mexicanos Primero Michoacán indicó que las dificultades para ejercer la docencia no se limitan a los problemas de seguridad. Expuso que los profesores enfrentan además condiciones económicas y laborales que afectan su desempeño profesional. El docente promedio en Michoacán percibe ingresos equivalentes a alrededor de dos salarios mínimos, una situación que, afirmó, “coloca a muchos trabajadores de la educación en condiciones de subsistencia”. Añadió que la incertidumbre laboral también representa un desafío para el magisterio. Durante el ciclo escolar 2025-2026, la autoridad educativa estatal recibió cerca de 1,700 solicitudes de jubilación, una cifra que supera el número de egresados normalistas en un ciclo completo. Sin embargo, señaló que numerosas plazas se cancelan o permanecen congeladas en lugar de ser cubiertas, lo que incrementa la carga de trabajo para quienes permanecen frente a grupo. Aunque las cifras oficiales muestran que la plantilla docente ha registrado un crecimiento cercano al 1% en los últimos cinco años, Avilés Martínez cuestionó los mecanismos mediante los cuales se están realizando las contrataciones, al señalar que actualmente no existe un examen de ingreso al servicio profesional docente como ocurría anteriormente. A las dificultades laborales se suman las condiciones materiales en las que operan numerosos planteles. El representante de Mexicanos Primero en la entidad señaló que dos de cada tres escuelas del estado continúan enfrentando carencias relacionadas con infraestructura básica, incluyendo problemas de suministro eléctrico, acceso al agua potable, sanitarios en condiciones adecuadas y conectividad a internet con fines pedagógicos. Explicó que estas limitaciones reducen las posibilidades de que los docentes desarrollen plenamente su labor educativa y restringen el acceso de los estudiantes a herramientas y recursos que forman parte de los procesos de enseñanza contemporáneos. ‘Falta inversión en capacitación’ Otro de los aspectos señalados por Erik Avilés Martínez es la falta de oportunidades de actualización profesional. Indicó que, de acuerdo con datos documentados por Mexicanos Primero Michoacán, el presupuesto federal destinado a formación continua equivale a aproximadamente 105 pesos anuales por maestro. Con esos recursos, afirmó, resulta insuficiente impulsar programas de capacitación en competencias digitales, atención socioemocional, primeros auxilios psicológicos o estrategias pedagógicas especializadas. El especialista sostuvo que las necesidades del magisterio michoacano abarcan dimensiones económicas, laborales, profesionales, pedagógicas e institucionales que se encuentran estrechamente relacionadas. Reconoció que en años recientes se han registrado avances en la estabilización de la nómina magisterial, luego de décadas marcadas por conflictos relacionados con pagos y prestaciones, aunque consideró que garantizar el salario constituye únicamente una obligación básica del Estado y no una solución integral a los problemas que enfrenta el sistema educativo. Arved Alcántara / La Voz de Michoacán
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