Juan Bustos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- El gobierno del estado debe entregar un documento oficial en torno a la negativa de pagar los cerca de 200 millones de pesos de adeudo con homologados no transferidos, si es que se niega al pago expuso Roberto Carlos Reyes Vanegas, dirigente sindical, quién señaló que seguirán privilegiando el diálogo con la autoridad estatal antes que la movilización. Ayer en la instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), se dieron cita secretarios generales de centros educativos de media superior y superior, para abordar la problemática de los adeudos que se mantienen. Reyes Vanegas, líder delegación D V 55 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso que la reunión sindical que sostuvieron realizaron un balance y elaboraron un plan de acción, para que en caso de haber respuesta por parte de la administración estatal implementar otras acciones. En entrevista con la Voz de Michoacán, el dirigente manifestó que una preocupación que tienen es que la Secretaría de Educación estatal, insiste en ubicarlos en un mismo saco en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en términos de sus demandas, "respetamos a los compañeros docentes, pero nosotros somos otra cosa estamos en el SNTE, le estamos apostando al diálogo". Indicó que como gremio están dispuestos a llegar acuerdos con el gobierno del estado, en torno al adeudo acumulado de ocho prestaciones que el gobierno denomina "bonos", pero son percepciones perfectamente establecidas como parte de acuerdos hechos en los años noventas tras la descentralización educativa. “Seguimos con el plan A, que es el diálogo, tenemos una responsabilidad social con nuestros alumnos y seguir con el trabajo; pero si tenemos un plan B, si sentimos que hay una tomada de pelo, a partir de considerar que no hay diálogo podremos plantear acciones”, indicó. En torno a las movilizaciones que ya inició la CNTE para reclamar los mismos bonos, dijo que precisamente el gobierno tiene que asumir su responsabilidad social que es el pagar un adeudo que es legítimo, pero también legal. “Lo delicado aquí es que se tomó dinero de salarios, es muy delicado dinero de nuestras familias; sabemos de la buena voluntad del gobernador, pero todos que con la llegada de un nuevo gobierno iba entrar una manguera grandota de dinero, pero vemos que no, pero nosotros queremos abonar a solucionar el conflicto”, indicó. Explicó que incluso el conjunto con el gobierno analizar el tema de una denuncia, si es que alguien se llevó el dinero que era de los trabajadores, “creemos tenemos que empezar, a esa parte y nosotros le apostamos a ser objetivos de que si vamos a salir a la calle que esta sea la última instancia”. Agregó que si bien los trabajadores están cansados de esta situación de los pagos, tienen voluntad para acordar, “pero estamos preparados para cualquier acción”. Dijo que han estado solicitando la intervención del SNTE, para atender el tema ya que la Sección 18 del SNTE en Michoacán como dirigencia magisterial no ha intervenido, “falta la situación de convocarnos, bien esta reunión que tuvimos en lugar de hacerla aqui hubiera sido en las instalaciones del SNTE en Michoacán con nuestra casa”. Indicó que aun no se han cerrado las puertas para el diálogo y siguen la lucha pacífica por su salario, “parece que el gobernador Alfredo Ramirez, tiene una idea de que los homologados estan en la calle, cuando estamos en las escuelas en instituciones como el Tecnológico de Morelia, que ha sido reconocido como de calidad y esto debido al trabajo que aportan sus académicos”. Agregó que el argumento de que no se debería reclamar al gobierno estatal el recurso si son federales, no procede porque la administración michoacana es un patrón solidario bajo los compromisos establecidos en 1996, es una prestación ganado por tiempo”. Indicó que si el gobierno del estado quiere quitar la prestación emita una resolución o un documento, donde señale porque no se puede pagar y lo fundamente, para de esta manera pasar del tema político al legal. “El gobierno del estado primero señaló que era una prestación ilegal, les dijimos, entonces a quién metemos a la carcel por el pago, ante esa observación ahora señalan que es irregular de nueva cuenta a qué funcionario van a sancionar por la irregularidad, todo eso no es posible porque el pago es legítimo y fundado legalmente”, finalizó.
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