Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. "En todo el mundo los defensores de los derechos humanos tienden a sufrir bajo gobiernos autoritarios; a la gente de la ONU eso ya ni le sorprende”, deploró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, quien fue destituido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y restituido en el cargo por el Poder Judicial de la Federación. Al dictar conferencia magistral en Morelia, Hernández relató cómo el gobernador morelense lo destituyó "fast track" con el contubernio del presidente del Congreso estatal, lo que fue declarado inconstitucional por un juzgado de Distrito y confirmado después por un Tribunal Colegiado. “Esto no se lo hicieron a Israel, sino al presidente de un organismo constitucional autónomo. Gracias al Poder Judicial, yo puedo seguir como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”. La fallida destitución formas parte de “una persecución política”, que incluye intentos del gobernador por quitarle su notaría pública (con licencia a la fecha), 4 auditorías “que me aventaron” y 2 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. El último mensaje fue que cuidara a sus 2 hijas y a su esposa, por lo que decidió enviarlas al extranjero. En la exposición de hora y media, difundida en la página oficial de la CEDH-Michoacán, Hernández Cruz llegó al cargo en el 2016 “con ganas de revolucionar la institución y hacer maravillas, pero casi nos pusimos a llorar por la condición financiera del organismo”. Cabe referir que el ombudsperson morelense judicializó la autonomía presupuestal de la CEDH ante la Suprema Corte y los ministros le dieron la razón. Fue una sentencia de condena para el gobernador Blanco y el Congreso, que intentaron desacatar durante la pandemia. “No cumplir con una sentencia de la Corte puede terminar con la destitución del legislador con consignación penal federal”, advirtió. Hernández Cruz atribuyó lo peor de la persecución política el haber entrado a investigar temas incómodos para el gobierno, como el abuso policial en albergues, así como por emitir recomendaciones incómodas, por ejemplo, contra el obispo de Cuernavaca, por sus comentarios homofóbicos al declarar que “la pandemia era un castigo de Dios por el aborto y por los homosexuales”. Los ombudsperson viven las mismas experiencias en todo el mundo. “Son frecuentes los ataques a la institución para socavarla, como entidad y en lo personal. Se acercó conmigo el comité de los derechos humanos de la ONU y me dijo: esos son exactamente los mecanismos que utilizan los gobiernos para intentar amenazar, amedrentar e intimidar para que el titular no cumpla con su misión de defensa, que calle o que no se meta en temas”, comentó. Flanqueado por el michoacano Marco Antonio Tinoco, el ombudsperson morelense invitó sus colegas de los demás estados a judicializar la autonomía presupuestal de sus organismos como él lo hizo con éxito, para que las solicitudes no pasen por el gobernador en turno y para que las legislaturas tengan que justificar, fundando y motivando, las eventuales negativas a los aumentos requeridos. Y evidenció que hay una política de debilitamiento de facto de las Comisiones Estatales. “La principal área de vulnerabilidad es la financiera, con presupuestos deficientes y deficitarios”, sentenció el titular de la CEDH de Morelos, quién se la ha pasado defendiéndose en juzgados de Distrito, tribunales colegiados y en la Suprema Corte, con resoluciones que lo siguen sosteniendo en el cargo como defensor de los derechos humanos en la vía no jurisdiccional.
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