Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A pesar de las campañas de concientización e información sobre el uso de métodos anticonceptivos, en Michoacán sigue escalando el fenómeno de embarazos en adolescentes. El 2022 registró 12 mil 579 casos contra los 11 mil 440 que se registraron en el 2021 y se mantiene en una tenencia de incremento respecto a la última década en la mayor parte del estado. El informe del Consejo Estatal de Población (Coespo) presentó los análisis de datos en dónde se detectó el fenómeno como foco rojo en al menos 30 municipios, mismos que fueron también colocados cómo prioritarios para este 2023. Coespo puntualizó que la tasa de fecundidad en Michoacán se redujo en 46 municipios al pasar de 77.3 por ciento a 76.1 por ciento, no obstante, recalcó que es importante encaminar políticas públicas a programas de prevención de embarazos en este sector. En ese sentido, indicó que la meta es erradicarlos en niñas de 10 a 14 años y en un 50 por ciento en adolescentes de 15 a 19 años. La situación no es privativa del estado de Michoacán. A decir de especialistas, los trabajos y la información que han vertido las campañas de los 3 niveles de gobierno, no han sido suficientes para erradicar las prácticas culturales que siguen afectando al desarrollo de niñas y mujeres de todo el nuestro país. Los riesgos siguen latentes pese a los avances tecnológicos. A decir de organizaciones civiles las adolescentes embarazadas, se enfrentan a mayor probabilidad de parto prematuro, bajo peso al nacer, aborto, muerte materna infantil, pobreza, desnutrición, violencia, segundo embarazo y otros padecimientos que podrían afectar para siempre la salud. Los embarazos en niñas, aumentan los retos ante una sociedad ya de por sí desigual. El rezago educativo, desigualdad en el acceso a las oportunidades, desempleo, deserción escolar, mayores apoyos gubernamentales, nulos o pocas oportunidades de trabajo, suelen ser el pan de cada día para las madres adolescentes. Lo anterior, lo mencionó durante la primera sesión ordinaria del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en Michoacán, donde se hizo énfasis en que este es un tema muy sensible y de gran relevancia para el Gobierno de Michoacán, por lo que el titular del Coespo, en atención a las instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, solicita a las dependencias gubernamentales el acompañamiento sensible y respetuoso en la materia informando a este sector de la población sus derechos y mecanismos para ejercerlos. En esta sesión también se dieron a conocer a los nuevos titulares de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y de sociedad civil que pertenecen a este grupo interinstitucional para trabajar en la prevención y atención del tema; así como la ruta para la atención y protección integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME) menores de 15 años. De acuerdo con el Coespo, el grupo interinstitucional atiende, desde su trinchera, la principal causa de los embarazos en este grupo de la población que es la violencia sexual, teniendo como fundamento en las obligaciones establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la (LGDNNA), y a diversas recomendaciones internacionales emitidas por el Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW). Desde hace al menos cuatro años, la organización civil, Humanas sin Violencia, presentó la información anterior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se enfatizaron, los principales ejes en los que se debe de atender esta problemática. Uno de los principales ejes, es que se atienda como un problema de salud pública de primer nivel de atención; que se prioriza la justicia de las niñas y sobre todo, que se garantice su derecho a una vida libre de violencia; “No se trata de prevenir un embarazo, se trata de que las niñas no sean madres por obligación ni por tortura o condena social”. Se expone, se debe de descriminalizar a las niñas que fueron víctimas de violencia sexual porque tal como se ha manifestado, no se trata de niñas relacionándose con niños, sino con adultos que deben de ser considerados como agresores sexuales. Exigen, que se reconozca que el sistema de atención integral y de acceso a la justicia no funciona, debido a que denuncian, a las niñas, se les sigue obligando a continuar con su embarazo, pese a los riesgos de saludo que implica. En este tenor, una de las principales demandas, es que se tomen en cuenta los mecanismos legales, el acompañamiento legal, psicológico y de salud pública para que una menor que fue víctima de violencia sexual, pueda interrumpir el embarazo. Asimismo, la Fiscalía General del Estado debe de agilizar los procedimientos e incluso, resguardar a la menor en caso de que sse requiera para evitar que las agresiones se puedan repetir.
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