Como parte de la Jornada de Actualización “Obligaciones de las Personas Juzgadoras en Materia Antilavado y Simulación de Audiencias a Distancia o Telemáticas”, dirigida a personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán, se desarrollaron actividades académicas y ejercicios prácticos orientados al fortalecimiento de la impartición de justicia mediante herramientas tecnológicas y actualización normativa. Se realizaron simulaciones de audiencias orales a distancia y telemáticas en materias familiar y mercantil, con el propósito de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la impartición de justicia; desde el auditorio, juezas y jueces civiles, familiares y mixtos, así como integrantes de Salas Colegiadas Civiles Regionales, presenciaron los ejercicios. El primer simulacro correspondió a un juicio especial familiar oral sobre rectificación de acta del estado civil, integrado por una audiencia de persona menor de edad y una audiencia de juicio. En este ejercicio participaron la jueza Judith González González en el rol de juzgadora; el juez Carlos Arroyo Toledo como secretario de acuerdos; el juez Julio Carrizales Torres en representación de la parte actora; y el notario público Marco Vinicio Ramírez Aguilar en el papel de oficial del Registro Civil demandado. Posteriormente, se desarrolló una audiencia de escucha de persona menor de edad, en la que participaron la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Lucía Baltazar Rendón, en el rol de jueza; el juez Alejandro Rafael Vargas Nieto, como secretario de acuerdos; la jueza Martha Silvia Hernández Ceja, en el papel de agente del Ministerio Público; el juez Miguel Orozco Eguiza, como tutor de la persona menor de edad; así como la psicóloga Gabriela Rodríguez Díaz. También, se llevó a cabo una simulación de juicio oral mercantil, integrada por una audiencia preliminar y audiencia de juicio. Participaron el juez Enrique Zarco Arreola, en funciones de juzgador; la jueza Alexandra Lúa Bermejo, en representación de la parte demandada; el juez Epigmenio Gerardo Núñez, como secretario; la jueza Lee Carmen Cázarez Valencia, en representación de la parte actora; y el notario público Pavel Ocegueda Robledo, en el rol de demandado. Asimismo, durante la jornada, el notario público Marco Vinicio Aguilera Garibay, impartió la conferencia Obligaciones que derivan para las personas juzgadoras de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la que destacó que las resoluciones judiciales que llegan a las notarías requieren formalización debido a sus efectos patrimoniales frente a terceros, por lo que “la sentencia ordena formalizar conforme a derecho, no contra él”. Explicó que las reformas a la legislación en materia antilavado responden a la necesidad de subsanar deficiencias detectadas internacionalmente mediante un enfoque basado en riesgos. Señaló la importancia de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, ya que cada deficiencia identificada genera respuestas normativas encaminadas al fortalecimiento del marco jurídico nacional, incluyendo reformas al artículo 18 de la citada ley.
La Voz de Michoacán
