Funcionarios pueden discriminar y darse el lujo de no ir a los citatorios cuando los denuncian en Michoacán

Denuncian por discriminación, no obstante, no se presentan a los citatorios que les gira la OEPREDV, un órgano ‘sin dientes’.

Foto: AdobeStock

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

México. Funcionarios señalados por actos de discriminación han sido omisos a los llamados a conciliar y comparecer ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia (Coepredv) en Michoacán. A pesar de las denuncias y los señalamientos públicos por parte de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y activistas se han quedado “plantados”.

El diputado local Baltazar Gaona y la fiscal regional de Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, constituyeron en un periodo de 15 días dos casos en donde a pesar del llamado del Consejo no se presentaron a las reuniones con los denunciantes.

PUBLICIDAD

En el caso de Maldonado Sánchez, fue el colectivo a Red Transdiciplinaria de Disidencia Sexual quienes denunciaron la ausencia de la funcionaria ante la instancia del Coepredv en la ciudad de Morelia.

Entre los antecedentes que señalaron los integrantes del colectivo, fue que el pasado 30 de julio de la actual fiscal regional de Morelia compartió en Facebook varias publicaciones de la página Jóvenes de Dios con un discurso que fue calificado como “religioso de carácter anti plural”; ante estos actos públicos por parte de una funcionaria pública, la Red Transdiciplinaria de Disidencia Sexual presentó una queja dirigida a Alberto Hernández, director general del Coepredv, solicitando entre otras cosas dicha conciliación. 

PUBLICIDAD

“Es fundamental que la fiscal genere un compromiso público, con la diversidad sexual y todos los grupos minoritarios y en desventaja asegurando que su atención sea completamente apegada al Estado de Derecho. Resulta preocupante la ausencia de la funcionaria, pues reitera el desdén y menosprecio que dicha funcionaria muestra hacia las poblaciones LGBT+ en Michoacán”, señaló el colectivo.

Sobre este caso en particular, en su momento Alberto Ramírez Hernández, director del Coepredv, manifestó que ningún funcionario de gobierno del nivel que sea debería emitir juicios personales basados en dogmas o estereotipos a ninguna persona humana o colectivo, “mucho menos si es un discurso y gráficos que proyecten mensajes de odio, pues esto atenta contra la libertad y preferencias de las personas como pudieran ser las que pertenecen a la comunidad LGBT, en referencia a las notas periodísticas que señalan a una funcionaria de la fiscalía regional de Morelia como promotora de mensajes que estigmatizan y promueven la homofobia contra la comunidad de diversidad sexual”. 

Baltazar Gaona tampoco atendió

No es el único caso. Apenas hace dos semanas, el diputado Baltazar Gaona también fue citado a conciliar en ante el Coepredv sin que se presentara o enviara alguna representación legal de su parte. El legislador fue señalado por el colectivo Humanas sin Violencia por las iniciativas presentadas en meses pasados en donde se ha denunciado que se atenta con la integridad de las mujeres y se vulnera los derechos de las mismas.

Circe López Río Frío, directora del colectivo, lamentó que, desde los puestos de poder, como en el caso del legislador, se usen los espacios para presentar inactivas o materializar ideas que ponen en una situación de indefensión a las mujeres michoacanas. Se pronunció también preocupada por la ausencia del legislador ante el Coepredv. 

“Esperábamos a la audiencia que se le había citado al diputado justamente porque el 31 de agosto presentamos una denuncia para que se tuviera esta situación de las iniciativas que incitan al odio y la criminalización de las mujeres. Consideramos que en el ejercicio de la ciudadanía y el respeto a las mujeres ninguna iniciativa puede contravenir en los derechos humanos porque afecta a la base de los derechos. No puede sacarse de la manga las iniciativas porque marcarían un retroceso para las mujeres”, explicó la activista.

Entre otro de los casos que se encuentran pendientes para ser revisados por parte del Coepredv en cuestión de violencia por parte de autoridades, es el del edil de Chilchota, en donde se ha denunciado desde discriminación y revictimización hacia mujeres que han denunciado actos de violencia por parte de las misas autoridades municipales que tendrían que proteger a las mujeres de agresiones, sobre todo en el ámbito del hogar.

Entre las críticas que ha generado los colectivos hacia el Coepredv, es en cuanto al marco normativo y la capacidad del organismo descentralizado de implementar mayores sanciones y medidas coercitivas en contra de funcionarios públicos que incidan en violentar desde el poder a la ciudadanía a través de actos de discriminación, es decir, que sirva de algo más que un simple buzón de quejas.