Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con un total de 200 carpetas de investigación acumuladas, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán iniciará acciones y demandas para dar con los responsables por los delitos ambientales en su nueva sede de la región lacustre. En una de las zonas más afectadas por los delitos de este tipo en la entidad, y que han costado miles de hectáreas de bosque y varios kilómetros de superficie del lago, se destacó el arranque de operaciones de la unidad que tendrá como propósito frenar los delitos ambientales en los 113 municipios. Y es que hasta lo que va del 2020, poco o nada se ha castigado en el tema más allá de algunas contadas repercusiones administrativas. El cambio ilegal del uso de suelo, instalación de monocultivos, explotación de pozos de agua sin permiso, tráfico de especies, incendios provocados y hasta el uso de sustancias químicas no autorizadas por las diferentes normativas destacan entre los principales delitos que tendrán que perseguir los integrantes de la unidad de la Fiscalía y de los cuales ya tienen un amplio abanico de carpetas para empezar a judicializar. Y es que prácticamente todos los días en las regiones Pátzcuaro y Uruapan hay decenas de denuncias de civiles por la gran cantidad de camiones cargados de rollos de madera y otros recursos naturales que son explotados, en la mayoría de los casos, sin autorización y en la completa ilegalidad. Foto, cortesía. Durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía, que fue puesta en marcha a inicios de este año, Adrián López Solís, titular de la FGE, reconoció que se prevé la consolidación de este nuevo aparato de procuración de justicia en donde ya se han aglutinado una gran cantidad de denuncias y carpetas de investigación en torno delitos como el cambio ilegal de uso de suelo, incendios forestales y otras afectaciones al medioambiente. “Ya no solamente se trata de establecer puntos de revisión para identificar camiones que transportan trozos de madera o de revisar las guías, no únicamente se trata de inspecciones con las autoridades de la materia, aserraderos o sitios de venta de madera. Les pedimos a los compañeros que harán este trabajo en la Fiscalía que vamos a integrar de manera más importante las carpetas de investigación y tenemos que probar las responsabilidades de personas implicadas con todo lo que ello implique y genere como reacción”, dijo López Solís. Entre las solicitudes del fiscal de estado al Ejecutivo estatal, se refirió a que elementos de la Policía Ambiental pudieran ser destacamentados también en la base construida en el municipio de Pátzcuaro con el objetivo de acompañar en el estado de fuerza a las inspecciones y operativos que se generen a partir de esta semana. El Gobierno de Michoacán ha reconocido la complejidad de la situación. En los últimos años, los delitos ambientales han sido catalogados como “no graves” en el Código Penal del Estado y con el Nuevo Sistema de Justicia Penal los delincuentes que incendian, talan, desmontan y dañan al medioambiente, salen libres en cuestión de horas y las sanciones son meramente administrativas en el mejor de los casos. Si bien municipios, Estado y ejidatarios han hecho lo posible por detener a los delincuentes que degradan los ecosistemas michoacanos, la misma legislación estatal y la calidad de los delitos en los que inciden, se han dado a la tarea a que la pérdida de patrimonio verde, quede prácticamente en la impunidad y a que no se pueda detener. Solo para esta temporada, Michoacán se ha colocado en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a incendios forestales se refiere. El principal problema, radica en que se han dado casos, como en la capital michoacana, en que cuando los brigadistas están por terminar de sofocar las llamas, delincuentes vuelven a encender los mismos cerros. Desde mayo del 2019, el Gobierno del Estado entregó un paquete ambiental al Congreso de Michoacán entre los que se contemplaban reformas al Código Penal de la entidad en cuanto a los delitos esta materia. El objetivo es generar un mayor escarnio a quienes afecten con sus acciones al patrimonio ecológico de los ciudadanos más allá de una simple multa o sanciones administrativas. No obstante, al igual que muchas de las propuestas ecológicas que se han mandado al legislativo local, no han pasado y se han enviaron directamente a la “congeladora” del Congreso a pesar de que los delitos ambientales se mantienen en franco incremento desde hace ya al menos 30 años.
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