Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. “Yo no soy silvanista”, se deslindó ayer el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien durante la actual 75 legislatura estatal ha enfrentado linchamientos mediáticos, amagos de juicio político y pérdida de la autonomía financiera que tenía el órgano técnico del Congreso del Estado. “Fui un funcionario institucional que trabajó en la administración de Silvano”, puntualizó el jefe de la fiscalización superior nombrado en diciembre de 2019 para ejercer el cargo durante 7 años. Aguirre Abellaneda fue delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo, en donde firmó un contrato de adquisición de un software, previa licitación pública y que, según el gobernador Ramírez Bedolla, se utilizó en una red de espionaje en el silvanismo. En conferencia de prensa, denunció un nuevo capítulo “de persecución política” desde el Ejecutivo para frenar el combate contra la corrupción a cargo de la Auditoría, tras haber perdido el estatus de Unidad Programática Presupuestal a partir del 2023. Relató que este miércoles 31 de enero la secretaria legislativa de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, hizo pagos salariales recortados al personal de confianza de la Auditoría Superior del Estado, previa firma condicionada de renuncia de derechos laborales adquiridos, sin la compensación que venía otorgándose desde hace un año. Además, la quincena salarial ya no se pagó a través de depósito bancario, sino mediante cheque con pago rasurado. De entrada, “Gochi no me transfirió. Eso es falta grave y abuso de autoridad”. Aguirre instó a los trabajadores de la Auditoría Superior a demandar al Congreso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. “Bajar el sueldo o no pagar es despido injustificado: Lo digo claro y fuerte: todo mi respaldo a los (265) trabajadores no pagados”. Y cuestionó el destino de casi 2 millones presupuestados para el pago quincenal de compensaciones en favor de los auditores de niveles A, B y C, y coordinadores. “¿Qué hicieron con el excedente?” El funcionario legislativo recriminó que la Secretaría de Finanzas haya expedido cheques con montos reducidos, denegando el derecho a saber cuánto iban a cobrar los trabajadores, prohibiéndoseles incluso tomar foto del recibo que iban a firmar. Planteó que los trabajadores están en la libertad de no firmar esos cheques, aunque también muchos de ellos tienen créditos en Pensiones Civiles y adelantos de nómina pendientes de pagar. Fiscalización en marcha Casi 2 mil 700 observaciones preliminares hacen la suma total de la Auditoría Superior en el marco de las tareas de fiscalización al gasto público del Estado y de los municipios, ejercido en el año 2021. Las entidades con mayor número de observaciones preliminares en el 2021 fueron SCOP y la Secretaría de Finanzas, así como los ayuntamientos de Morelia, Uruapan, Zamora y Pátzcuaro. En el ámbito estatal, los hallazgos más recurrentes corresponden a recursos asignados a programas sin evidencia documental que los justifiquen, faltas de comprobantes digitales y pagos de recargos. A nivel de alcaldías, los hallazgos más recurrentes corresponden a falta de transparencia y falta de evidencia física y comprobatoria.
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