Redacción / La Voz de Michoacán El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma procesal penal a nivel federal que busca ampliar los mecanismos de protección para la identidad, imagen, voz y demás elementos que pudieran identificar a víctimas y testigos durante los procesos de investigación y judicialización de delitos. La propuesta será remitida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Congreso del Estado de Michoacán, con el objetivo de que sea impulsada ante el Congreso de la Unión. Ramírez Bedolla explicó que la iniciativa contempla protocolos y herramientas tecnológicas para proteger la identidad de las personas involucradas en procesos penales, además de fortalecer la actuación de policías y fiscalías desde que se detecta una situación de riesgo. El mandatario estatal señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el país y Michoacán es la falta de denuncia de los delitos, así como la dificultad para sostener algunos casos hasta llegar a una sentencia debido a que testigos abandonan los procesos, en ocasiones por amenazas. “Partamos de que tenemos un problema en el país y en Michoacán, que es la falta de la denuncia de los delitos”, sostuvo. Agregó que, de acuerdo con la revisión de casos realizada con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, existen procesos que no logran sostenerse hasta la sentencia porque los testigos se retiran y dejan de declarar. “Varios de ellos amenazados”, señaló. El gobernador consideró que existe una percepción generalizada de que las leyes brindan mayor protección a los presuntos responsables de delitos que a las víctimas y testigos, por lo que planteó modificar esta situación mediante una reforma legal. “Hoy queremos cambiar esa historia. Yo soy abogado, trabajamos durante meses esta iniciativa”, afirmó. Explicó que la propuesta contempla modificar diversas leyes y códigos a nivel federal para ampliar la figura denominada Identidad Protegida de Víctimas y Testigos, que ya existe en la Constitución Federal, a otros delitos y procedimientos penales. De acuerdo con Ramírez Bedolla, esta medida permitiría fortalecer los procesos judiciales y reducir el temor de las víctimas y testigos a sufrir represalias por parte de los posibles responsables de los delitos. “Hay una gran desconfianza. Y también hay un temor fundado de que haya represalias de los posibles delincuentes hacia estas personas que son testigos o son víctimas”, expresó. El mandatario estatal aseguró que la iniciativa fue revisada durante meses por integrantes del Poder Judicial del Estado de Michoacán, magistradas y magistrados, ministerios públicos, la Fiscalía y la Consejería Jurídica del Gobernador. Ramírez Bedolla rechazó que la propuesta represente una afectación al debido proceso o a los derechos de las personas señaladas como responsables de un delito, al señalar que la iniciativa fue diseñada bajo criterios de legalidad. “Todo esto se cuidó”, afirmó, al referirse a los derechos de las partes involucradas en los procesos penales. Sobre la aplicación de la medida, explicó que se trata principalmente de modificar la forma en que se protege a víctimas y testigos durante las investigaciones, mediante mecanismos que permitan mantener reservada su identidad durante una parte importante del proceso. “Encriptar, por así decirlo, sus nombres durante gran parte del proceso de investigación, y que este no se conozca hasta el desahogo de las pruebas”, explicó. El gobernador consideró que esta medida permitiría dar mayor consistencia a las investigaciones y evitar que los testigos abandonen los procesos antes de que se desahoguen las pruebas. “Eso nos permitiría tener más consistencia en los casos, y mantener hasta el final la acusación de los posibles responsables”, señaló. Ramírez Bedolla aclaró que se trata de una reforma federal, debido a que los estados ya no cuentan con códigos propios de procedimientos penales como ocurría anteriormente. En este sentido, consideró que la eliminación de los códigos estatales de procedimientos penales fue un error dentro de la reforma judicial anterior. “Yo creo que fue un error garrafal en el sistema anterior de la mal hecha reforma judicial”, sostuvo. El gobernador también cuestionó que aquella reforma haya buscado replicar aspectos del modelo judicial de Estados Unidos sin incorporar, a su consideración, las características que permiten que dicho sistema funcione. “Yo siempre lo he dicho, que hicieron una reforma judicial mal hecha, tratando de replicar el modelo norteamericano, pero sin las virtudes del modelo norteamericano”, afirmó. Ante la posibilidad de que la propuesta sea aprobada, Ramírez Bedolla adelantó que utilizará dos vías para impulsarla a nivel federal. La primera será enviar directamente la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su calidad de gobernador, para plantear la modificación legal. La segunda consistirá en remitirla al Congreso del Estado de Michoacán, a fin de que los legisladores locales ejerzan su facultad para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. “Pudiendo seguir los dos, ¿por qué no los seguimos los dos?”, expresó. Ramírez Bedolla manifestó su expectativa de que la propuesta pueda ser aprobada antes de que concluya su administración, aunque reconoció que será necesario abrir un debate nacional sobre sus alcances. “Esperemos que sí. Esperemos que sea bien recibida. Se abrirá un gran debate nacional, estoy seguro”, comentó. El gobernador insistió en que la iniciativa no requiere una reforma constitucional, debido a que la figura de protección de identidad ya está contemplada en la Constitución Federal para determinados casos. Explicó que actualmente existen disposiciones de este tipo para delitos como la trata de personas, así como para casos en los que están involucrados niños, en los que se deben proteger aspectos relacionados con las infancias. “Lo único que estamos promoviendo es que esta figura se amplíe a otros delitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, puntualizó. Ramírez Bedolla concluyó que la propuesta requiere una reforma legal federal, pero no una modificación constitucional, con el propósito de ampliar los mecanismos de protección para víctimas y testigos y contribuir a que las investigaciones penales puedan llegar hasta sus últimas consecuencias.
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