Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con 200 millones de pesos adicionales para el 2023, la tasa de efectividad en la investigación de los delitos del fuero común tendría un aumento del 30 por ciento, aseguró el fiscal general del estado, Adrián López Solís, al subrayar que la actual saturación de trabajo inhibe el éxito de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos, identificar a culpables y reparar el daño a las víctimas. El funcionario no objetó el incremento proyectado de 30.4 millones de pesos a la Fiscalía del Estado para el próximo año, equivalente a un aumento del 2.07 por ciento en comparación con el gasto ejercido durante este año, y muy menor a la inflación esperada. Sin embargo, López Solís puntualizó que el presupuesto que propone el Ejecutivo solo alcanza para mantener la operatividad de la Fiscalía, cuyos investigadores enfrentan importante saturación laboral, levantando información de nuevos casos todos los días, al tiempo que siguen líneas de investigación de casos ya acumulados. A la Fiscalía General del Estado se le autorizaron 1,469 millones de pesos para ejercer en el año 2022. Actualmente el Congreso local valora la propuesta de aprobarle 1,499 millones de pesos para el año entrante, muy por debajo del índice inflacionario. Ante tantas dificultades económicas y financieras, el Estado tiene que priorizar el gasto, justificó López Solís, quien recordó que, antes de ser Fiscalía, la Procuraduría del Estado tenía una tasa de efectividad del 11 por ciento en la investigación del delito. En el 2019, la institución tenía 500 policías dedicados a hacer investigación efectiva; actualmente la Fiscalía tiene alrededor de 900 policías con una efectividad del 30 por ciento a nivel estatal. En ese sentido, planteó que la Fiscalía ocupa 300 elementos más para lograr 30 por ciento de efectividad adicional, lo que representaría una inversión de 200 millones extras para el 2023. Más adelante, el fiscal estatal enfatizó que tiene una buena y cordial relación institucional con el gobernador Ramírez Bedolla. “Todos los días, si no nos hablamos, nos mensajeamos para actualizarnos en las situaciones que son de interés del Estado”. Afirmó estar consciente de su responsabilidad institucional, “más allá de orígenes político partidistas que, por cierto, me encuentro retirado, dedicado exclusivamente a los temas de la Fiscalía”. Ninguno de los servidores públicos puede descartarse por cargar antecedentes políticos o relaciones personales o familiares. Hay orígenes compartidos entre quienes tienen las más altas responsabilidades. “Somos personajes que venimos caminando, creciendo prácticamente todos juntos, en momentos distintos, y nos conocemos. Eso nos permite tener una relación respetuosa”. “Al hablar de un tema (bajo investigación), en mi caso, debo ser extremadamente cuidadoso, porque en mi condición de fiscal, de agente del Ministerio Público y poseedor de información de primera mano del contenido de las carpetas, cualquier cosa que yo diga y haga de manera equivocada, imprudente o anticipada, podría tergiversar el contenido de una investigación o el sentido de una teoría que habríamos de sostener en su momento”.
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