Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hasta mil millones de pesos en números rojos heredaron a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agrícola del estado de Michoacán (Sader), según la actual administración estatal. Mientras las necesidades de atención al campo crecen, la capacidad de maniobra de la dependencia se mantiene comprometida por presuntas las irregularidades que habrían dejado los últimos gobiernos estatales. Desde pendientes por los tractores de polémicos programas como ‘A Toda Máquina’, pagos a proveedores, operatividad y servicios se acumularon en la constante deuda de la dependencia estatal no solamente durante la gestión pasada, sino de gobiernos anteriores al año 2015. En voz de Marx Aguirre Ochoa, subsecretaria de Organización y desarrollo de la SADER Michoacán, denunció el panorama en términos administrativos que son revisados por la actual gestión, al cual agregó que la mayor parte de los adeudos están plagados de irregularidades. A pregunta expresa de esta casa editorial, la funcionaria estatal aseguró que se ha dado parte a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) e instancias fiscalizadoras con el objetivo de dar seguimiento y deslindar responsabilidades. El boquete económico formaría parte de la enorme deuda de más de 50 mil millones de pesos que denunció la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla a su llegada al gobierno del estado en octubre del año 2021. "Están arrastrados, la Secretaría recibió una serie de deudas de gobiernos pasados que se debían proveedores, proveedores de los tractores; varios pagos que no se efectuaron desde hace muchos años. Tenemos muchas, muchas irregularidades y Estamos trabajando con la Contraloría y con todas las autoridades", manifestó la funcionaria de la Saer en rueda de prensa. Entre uno de los temas más conocidos e irregulares fue el fallido programa ‘A Toda Máquina’, programa de coinversión entre gobierno estatal y productores en el que se buscaba dotar de tractores las distintas regiones del Michoacán y que terminó en conflictos legales, productores endeudados y concesionarias quebradas. A 6 años de que arrancó dicho esquema, los beneficiarios enfrentan demandas por parte de las empresas concesionarias de tractores y deudas difíciles de pagar, mientras que el gobierno del estado enfrenta procesos legales y adeudos por el fallido esquema de industrialización del campo. El costo en el que se adquirieron los actores en el año 2017 alcanza hasta los 600 mil pesos más los intereses del financiamiento y otros costos de operación. Sobre el tema incluso productores han denunciado la opacidad y otras irregularidades. Apenas en julio pasado se dio a conocer que un total de 118 millones de pesos provenientes del fondo del Seguro Catastrófico para el campo michoacano no llegaron a manos de los productores afectados por huracanes y sequías. A pesar de las necesidades de los trabajadores del campo de salir adelante ante siniestros, el recurso fue desviado. Durante los últimos tres años de la gestión pasada la empresa aseguradora pagó poco más de 250 millones de pesos por efecto de daños por lluvias y sequías. El Gobierno de Michoacán, como beneficiario preferente, recibió el recurso y bajó solo la mitad a los agricultores. El resto del dinero se quedó en las arcas estatales su destino sigue siendo investigado por parte de las autoridades de la nueva administración. Las autoridades actuales han informado sobre las acciones a tomar sobre el caso. Refieren que las denuncias y procesos de investigación ya se llevan a cabo en las áreas correspondientes, por lo que para está en únicamente se procederá a trabajar con los productores en el autoaseguramiento. Las investigaciones aún continúan Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados de las investigaciones y procesos de Contraloría por parte de las autoridades estatales de apoyo al campo. No obstante, a nivel general, la administración de Ramírez Bedolla ya ha presentado decenas de denuncias y cientos de observaciones. En total, suman 700 denuncias por irregularidades en el manejo de 20 mil millones de pesos sobre la mesa de la Secoem. Se estima que el total de las denuncias recae sobre un total de 250 exfuncionarios de la administración pasada, los cuales se encuentran en etapa de localización e información sobre la situación legal a la que se enfrentan. Las irregularidades siguen brotando. Más allá de los 20 mil millones de pesos, cifras que crecieron en cuestión de meses siguen saliendo de distintas dependencias como las Secretarías de mayor relevancia del aparato de gobierno.
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