Seguirá el paro en el Poder Judicial: se pagaron quincenas de agosto, pero ya se les debe la de este mes

La consigna del sindicato del Poder Judicial de Michoacán es clara: siempre que el pago de la nómina se retrase detendrán la labores en los tribunales, donde se atiende a miles de personas todos los días.

Foto: Víctor Ramírez, La Voz de Michoacán.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. A 3 días de que el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán celebró la dispersión de la nómina para los trabajadores, la falta de recursos volvió a alcanzar a los trabajos y servicios del poder en el estado. De nueva cuenta, la falta de pago de la primera quincena de septiembre llevó a paralizar los servicios en todo el estado.

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Con manifestaciones en la ciudad de Morelia y paros de brazos caídos en el resto del estado, los trabajadores externaron su descontento por la intermitencia de los pagos de nómina y prestaciones.

La consigna del sindicato del Poder Judicial de Michoacán es clara: siempre que el pago de la nómina se retrase detendrán la labores en los tribunales, donde se atiende a miles de personas todos los días.

En total, se estima que de la primera quincena del mes de septiembre se adeudan poco más de 25 millones de pesos, mientras que otros rubros también se siguen acumulando con el paso de los meses.

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En entrevista, Julie Álvarez Guzmán, lideresa del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, explicó la condición de endeudamiento que se ha dado con los empleados de los tribunales.

Al no recibir su pago de nómina en tiempo y forma tal como lo dicta el contrato colectivo, han caído en condiciones de solicitar préstamos o incluso de postergar el pago de la renta de vivienda y otros gastos que han terminado por ahorcar las finanzas de las familias michoacanas.

“De momento sí, se mantiene el paro. Solamente es la segunda quincena de agosto, fue la que se nos otorgó hace poco, la cual alcanzó para cubrir pequeños gastos originados por los endeudamientos que todos teníamos. Otra vez nos encontramos con que no hay recursos y es complicado. Asciende a 179 millones, pero es a diferentes rubros, en cuestión de salarios son los 25 millones de pesos. Lo que queremos es el pago de nuestra nómina y vamos a esperar a conocer la situación”, señaló.

La intermitencia en la ministración de los recursos no inició recientemente. Desde el mes de agosto, el Consejo del Poder Judicial celebró que gracias a sus gestiones y administración de recursos se logró cubrir la nómina de los trabajadores en tiempo y forma; no obstante, la falta de liquidez terminó por no alcanzar para lo más básico.

En total cada año el Poder Judicial del estado de Michoacán atiende 90 mil asuntos del orden legal. Con base en lo anterior, se estima que todos los días se realizan miles de trámites ante los tribunales de todo el estado.

Si bien se han ido retomando las actividades como en el caso del mes de junio, cuando se abrieron los procedimientos de recepción de demandas, escritos iniciales sobre jurisdicción voluntaria, medidas precautorias, medios preparatorios de juicios, denuncia de sucesiones testamentarias e intestamentarias, así como escritos introductorios de la instancia.

Desde 2020, los trabajadores del Poder Judicial ya han parado actividades en cuatro ocasiones por la falta de pago. Incluso, en su momento el presidente del Tribunal señaló a finales de 2020 su preocupación por la falta de ministración de recursos a la aplicación de la ley, a pesar de que ese tratara de un asunto de primera necesidad para el estado.

Cabe destacar que desde hace al menos 2 meses el gobierno del estado ha insistido en que se requieren casi 3 mil millones de pesos para el cierre de la administración y el cumplimiento de los compromisos financieros de la entidad. El combate de la COVID-19, recortes de recursos por parte de la Federación han incidido en la liquidez y despliegue de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo estatal.

Asimismo, se ha señalado una constante caída de las participaciones federales desde la conclusión del proceso electoral que ha llevado a dificultades de pago para miles de profesores, trabajadores del aparato burocrático, organismos descentralizados y otras áreas.