Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 6 años del operativo fallido en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, el cauce de la justicia sigue prácticamente atorado. Sin funcionarios señalados o vinculados a proceso, el caso se mantiene en la impunidad y sin un seguimiento real sobres los mandos de aquel entonces, incluyendo el ahora fiscal general, Adrián López Solís, quien justifica que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha atraído el caso para la investigación conducente. Si bien el gobierno del estado presume avances en la integración y cumplimiento de las recomendaciones para la reparación del daño, la parte medular de justicia sigue empantanada. Apenas esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla exhortó al fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, de desistir de la investigación que lo coloca en un conflicto de interés por, literalmente, tener que investigarse a sí mismo. No obstante, la respuesta del propio fiscal, quien en 2017 fungía como secretario de Gobierno y habría avalado la realización del fallido operativo durante la administración de Silvano Aureoles Conejo que terminó en la muerte de cuatro personas, fue que el tema ahora caía en la cancha de lo federal; asegura una confusión de términos y sobre todo, una falta de respuesta de la FGR para atraer el caso. A pregunta expresa de La Voz de Michoacán, el fiscal aclaró que desde el 2022 envío un oficio directamente a la FGR para que esta misma atrajera el caso. Lo anterior, no se ha concretado por distintos factores. “Desde hace un año que como fiscal (del estado) envié un oficio a la FGR para solicitar la atracción de la carpeta de investigación, donde la Fiscalía General de la República ya se había pronunciado y establecido que las víctimas directas e indirectas coadyuvaran en la investigación y que tiene que ver con la necesidad de superar esa actitud. Yo estoy de acuerdo en que se haga una investigación y si es la FGR de mi parte no tengo problema”, manifestó. Fallido operativo en la era silvanista Fue el 6 de abril del 2017, luego de días de tensión entre las comunidades indígenas de Capacuaro, en Uruapan, y Arantepacua, por disputas de tierras, que las autoridades estatales de la Policía Michoacán desplegaron un operativo en la región. El saldo del ingreso de los uniformados fue de 4 heridos, tres de ellos comuneros; decenas de detenidos y otros actos que fueron documentados como violaciones a las garantías individuales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sobre las acusaciones en torno a su participación y responsabilidad al haber sido secretario de Gobierno en ese periodo, aclaró que aún con todo lo anterior se investiga la responsabilidad de los funcionarios silvanistas con criterios que, aseguró, “son independientes”. “El ministerio público que lleva esa carpeta, como en todos los casos, tiene independencia de criterio y tiene obligaciones para orientar la forma conforme a los principios de honorabilidad y de certeza. Les quiero decir que además la FGE, como ente responsable que aceptó las recomendaciones de la CNDH (sic), participa en las mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación”, manifestó. Cabe destacar que el saldo del operativo fueron tres ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas o indirectas, según el dictamen de la CNDH. Durante la violenta marcha de este miércoles, un grupo de comuneros exigió el cumplimiento de la recomendación 42 VG/2020 y la destitución del fiscal Adrián López Solís “por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos”; atracción del caso por la FGR, así como “cárcel para Silvano Aureoles, Adrián López Solís, Juan Bernardo Corona, Armando Hurtado, Carlos Gómez Arrieta y todos los culpables de la masacre”. ‘Reparación del daño avanza’ Desde principios del 2023, el gobierno de Michoacán celebró qué los procesos de reparación del daño ya se encontraban supuestamente por encima del 70 por ciento de avance en distintos rubros. De manera colectiva se planteó y acordó la edificación de centros educativos, infraestructura civil y otras mejoras, en tanto que en la parte individual aún quedan pendientes para las familias de los fallecidos, los heridos y los torturados. A pregunta expresa de La Voz de Michoacán, Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, reconoció como un reto el haber consensuado con la comunidad el destino que tendrían los recursos etiquetados para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estimados en más de 11 millones de pesos. “Tiene varios puntos, los más relevantes son la reparación colectiva e individual del daño, así como una disculpa pública, respecto de la reparación colectiva se ha acordado con la comunidad la realización de cuatro obras públicas; una es un centro deportivo que lleva un avance de un 70 por ciento, la segunda es un hospital integral que recientemente anunció el gobernador su realización. Por lo que va a las reparaciones individuales en el año 2023 la Comisión Estatal de Victimas iniciará con los dictámenes individuales para poder determinar los daños causados y en base a eso, determinar las medidas reparatorias”, detalló.
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