Arturo Molina / La Voz de Michoacán Autoridades de seguridad pública estatales y federales negaron protección a ambientalista asesinado en el estado de Michoacán, acusan comunidades originarias. A cinco días del homicidio del defensor de los bosques, Pedro Pascual Cruz, los pueblos purépechas exigen justicia. Las comunidades originarias adheridas al Consejo Supremo Indígena del Estado de Michoacán (CSIM) aseguraron que desde hace meses se había presentado la denuncia formal sobre amenazas en contra del defensor de los bosques. Asimismo, desde el 2018 han presentado evidencias de despojos de tierras y otras actividades por parte de grupos delictivos a expensas de las comunidades y sus recursos naturales. A pesar de que incluso solicitaron la entrada de la Guardia Civil y la Guardia Nacional para contener los embates de la delincuencia organizada, lamentaron que a pesar de los Homicidios y agresiones no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Sobre los hechos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán calificó como “paradójico” que el homicidio del ambientalista se haya dado en el contexto de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometían a contener la violencia. “La solicitud de seguridad, a pesar de ser una demanda sentida, legal y justa fue negada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. A la fecha ninguna institución de seguridad ha resguardado la zona, negándose sistemáticamente a establecer un destacamento en Ocumicho toda vez que el personal se encuentra gozando de sus periodos vacacionales”, reza el posicionamiento del Consejo Supremo Indígena. Fue el pasado mes de abril del año en curso, cuando el Consejo Comunal de Ocumicho giró un oficio para solicitar protección a los comuneros ante las amenazas recibidas desde meses pasados. El oficio mismo fue recibido por parte de la Comisaría Regional de Uruapan de la Secretaría de Seguridad Pública y sellada como recibida desde hace más de 8 meses, según los datos compartidos por el propio Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Ocumicho, bajo asedio Hasta 400 hectáreas de suelos boscosos y tierras productivas fueron arrebatadas a las comunidades indígenas de Ocumicho, en el municipio de Charapan. Aguacateros y delincuentes del crimen organizado han despojado de sus bienes a decenas de familias de la región purépecha de la entidad. El cambio ilegal de uso de suelo y la extorsión fue expuesto por Esteban Cruz Rosas, representante de la comunidad, quien llamó a la opinión pública a voltear la vista a lo que ocurre en la población indígena, en donde la pérdida del sustento de las familias es una realidad. Las condiciones de abandono institucional y la falta de vigilancia les han orillado a buscar a través de la conformación de un consejo comunal, el protegerse de los riesgos latentes en la región purépecha. Las denuncias no han prosperado. La comunidad ha señalado tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han recibido denuncias sobre la situación, mientras que la omisión ha sido la única respuesta. La comunidad insistió en el impacto que han tenido la degradación de los suelos en la región. Por la altura, la disponibilidad de agua y las bajas temperaturas, la producción de frutos rojos y aguacates han convertido en un blanco a las tierras y reservas tanto de Ocumicho como de Charapan. Cuestionados sobre la posibilidad de tomar las armas para defenderse como ha ocurrido en otras regiones del estado, respondieron que mantendrán el trabajo comunal y evitarán la intromisión del crimen organizado a toda costa. Ambientalistas, desprotegidos A pesar de las constantes agresiones, secuestros, homicidios y amenazas en contra de activistas ambientalistas de Michoacán, la promesa de protocolo de protección especializada sigue quedando en el discurso político. En lo que va de este 2022 se han documentado al menos 3 agresiones en contra de ambientalistas de distintas regiones que han combatido la degradación de los ecosistemas y sobre todos los bosques. Se han identificado al menos 4 regiones de todo el estado en donde se han concentrado las agresiones del crimen organizado en contra de quienes se oponen a la destrucción de los ecosistemas forestales. Apenas en mayo, un periodista ambientalista de Ocumicho fue secuestrado por grupos delincuenciales después de denunciar la tala clandestina y el cambio ilegal de uso de suelo que sigue proliferando en la región. En este mismo caso, la presión de los pueblos originarios permitió recuperar con vida al también periodista.
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