Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La entidad suma 29 casos de asesinatos por odio en contra de la población diversa sexual en los últimos años. A pesar de las campañas de concientización y los esfuerzos de los colectivos, las fallas para proteger los derechos humanos y la integridad de la comunidad LGBT siguen sin ser subsanadas. A lo anterior se agregan a los 160 delitos y agresiones contra la comunidad LGBT, que en muchos de los casos no han sido denunciados ni investigados con perspectiva de género por parte de las autoridades estatales. La preocupación es clara: el 100 por ciento de los casos ha quedado en total impunidad. En el marco del inicio del Mes del Orgullo Gay a nivel internacional, en Michoacán el panorama se advierte complejo para el sector vulnerable tanto en términos de seguridad como en salud, discriminación y otros fenómenos que les siguen impactando de manera directa. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT colocó a Michoacán entre los primeros estados a nivel nacional con delitos registrados. El balance se generó principalmente a través de la información obtenida a través de los medios locales y nacionales de comunicación, en donde incluso se advirtió que el lenguaje mantiene una tendencia de revictimización. El estudio refiere la compilación a través de notas periodísticas y algunas denuncias, toda vez que ni siquiera existen protocolos para identificar y no revictimizar a las víctimas de la violencia en razón de orientación sexual. Preocupa la ausencia de registros de agresiones, lesiones y homicidios en contra este sector de la población, que a pesar de los esfuerzos sigue siendo víctima del abandono institucional. Los datos de la Fiscalía General del Estado, así como de organismos de seguridad pública, no cuentan con rubros referentes agresiones, homicidios o atenciones a ese sector de la población. Otro de los aspectos que colectivos y especialistas han evidenciado es la atención e investigación a los centros de reconversión sexual. Advirtieron que estos espacios aún siguen siendo detectados tanto en la ciudad de Morelia como al interior del estado, sin que se tenga algún tipo de consecuencias legales. En el mes de mayo, colectivos manifestaron la existencia de al menos 3 espacios identificados, mismos que operan en total impunidad en la capital michoacana bajo la pantalla de ser centros de atención a las adicciones. En dichos espacios, las violaciones sexuales grupales, torturas psicológicas y otros “tratamientos” se realizan de manera punitiva. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales han sacado la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales desde hace más de 40 años, dichos espacios siguen aplicando terapias de conversión que, como ha sido comprobado, afectan seriamente la salud psicológica de las personas y pueden dar pie al suicidio o asesinato de jóvenes. Con base en lo anterior, incluso se ha promovido la creación de protocolos de investigación para la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género. Lo anterior con el objetivo de que parejas sentimentales de población LGBT puedan tener derechos para denunciar la desaparición de personas. Elefantes blancos de los derechos humanos A pesar de la existencia de múltiples organismos descentralizados, autoridades administrativas e instituciones defensoras de los derechos humanos en Michoacán, la violencia y discriminación contra los sectores vulnerables no cesa. Colectivos denunciaron recientemente que de las casi 200 quejas que han interpuesto ante el Consejo Estatal para Prevenir la Violencia y la Discriminación (COEPREDV), ninguna ha sido resuelta en favor de la víctima. Advirtieron que muchas de las instituciones son auténticos elefantes blancos que únicamente absorben presupuesto en aparatosa burocracia. El principal problema que afecta a decenas de miles de personas del estado es que a pesar de la conformación de mecanismos y organismos para la presentación de la denuncia, sectores vulnerables y minorías, siguen sin encontrar el camino para denunciar actos de exclusión, en su mayoría, provenientes de autoridades. El 16 por ciento de la población de 18 años o más de Michoacán declaró haber sido discriminada en los últimos 5 años o haber tenido alguna negativa de servicio. Entre los datos que llaman la atención está que los más discriminados son los pueblos originarios, con 33.6 por ciento de las denuncias; las personas con discapacidad, con el 30 por ciento; las mujeres, con el 29 por ciento; las personas con ideología religiosa diversa, con el 22.1 por ciento, y las personas adultas mayores, con el 23 por cuento, además de los jóvenes, con el 21 por ciento.
La Voz de Michoacán
